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17 años en prisión preventiva por un delito que no cometieron

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Ciudad de México.- Reyes Alpízar y Daniel García cumplen 17 años encerrados, sin que un juez les haya dictado sentencia y sin haber delinquido.

Esta medida de prevención es un récord a nivel mundial, según informo el colectivo Pena Sin Culpa.

Pese a que desde 2017 organizaciones como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto de Justicia Procesal Penal se han mostrado en contra de esta precaución, pues lo califican como “privación de la libertad de carácter arbitrario”, las autoridades los mantienen detenidos y sin transparentar su situación legal.

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El 25 de febrero de 2002, Daniel García Reyes fue aprehendido cuando se dirigía a casa de su padre; dos hombres a bordo de un vehículo particular le solicitaron su presencia en la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, Estado de México, para declarar por un homicidio.

Después de 14 horas de ser un reo incomunicado, le notificaron que había una orden de arraigo en su contra por 30 días.

Ocho meses tras el arresto de Daniel García, Reyes Alpízar fue detenido el 25 de octubre de 2002 mientras esperaba el transporte público para llegar a su residencia. Lo llevaron a la Subprocuraduría de Tlalnepantla, donde recibió tortura tanto física como psicológica y posteriormente fue arraigado.

Ambos sujetos fueron acusados de cometer homicidio contra una regidora de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El colectivo Pena Sin Culpa señaló a las autoridades de la fabricación y tortura de culpables durante 17 años, para después encarcelarlos sin sentencia, a pesar de que la Constitución indica que la prisión preventiva no puede sobrepasar los dos años.

Este miércoles, durante una conferencia de prensa, Pena Sin Culpa reiteró que desde hace dos años el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU pidió la liberación inmediata de los prisioneros, y anunció que en los próximas días la CIDH emitirá un informe sobre el caso.

Además, exigieron al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, la excarcelación de García y Alpízar, quienes han pasado por “falta de protección judicial y violaciones al debido proceso”.