¿Autonomía Latinoamericana? Entre la verdad y la mentira

Por Gildardo Holguin Trejo

América Latina, a lo largo de su vasta historia, ha sufrido una infinidad de capítulos trágicos que forman parte de nuestra realidad actual. El hambre, miseria, opresión, colonialismo son sólo algunos de los múltiples elementos con los que este subcontinente carga día con día y que imposibilitan el desarrollo de su gente. A pesar de que nuestro continente es un territorio que históricamente ha luchado por ser libre y soberano algunas de sus prácticas actuales no reflejan una verdadera libertad ni para los Estados ni para los habitantes. Hoy estimado lector, tengo la intención de hablarle sobre el caso de Puerto Rico, que representa el mejor ejemplo que podemos encontrar para confirmar que la autonomía latinoamericana se encuentra entre la verdad y la mentira.

Como dijimos hace un momento, la historia de Puerto Rico es muy peculiar; sufrió un periodo de colonización europea como el resto de los países latinoamericanos, pero después de su “independencia” de la Corona Española pasó al control de Estados Unidos. La Guerra hispano-estadounidense significó que Puerto Rico dejó de ser colonia española en el año de 1889. La milicia estadounidense tomó total control del territorio y para el mes de agosto de ese mismo año independentista el presidente William McKinley firmó un acuerdo con España en el cual se estipulaba que el país europeo renunciaba a la soberanía de Puerto Rico, así como de otros territorios insulares como Cuba y Filipinas. Desde ese entonces hasta la actualidad el estatus político-jurídico de Puerto Rico ha sido el de Estado Libre Asociado que, en algunos casos, algunos teóricos y académicos lo definen como una situación de clara subordinación política por parte de los Estados Unidos de América.

Puerto Rico cuenta con una forma de gobierno que pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte de ellos.  La condición de Estado Libre Asociado fue aceptada por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1952. Este estatus da ciertas facultades y beneficios a los habitantes como lo es la de gozar derechos como si fueran ciudadanos estadounidenses. Una cuestión para considerar es que las restricciones legales relacionadas al estatus político de Puerto Rico no se transfieren al ciudadano, ya que limitan sólo al territorio.

A lo largo de su historia, Puerto Rico ha ido “recibiendo” beneficios tanto para el Estado como para sus habitantes. El primer de ellos se dio en 1917; el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson firmó la Ley Jones en la cual se establecía que los puertorriqueños tenían derecho a la ciudadanía norteamericana. Otro momento importante se dio en 1952, pues La Ley 600 (P.L. 81-600), aprobada por el poder legislativo de Estados Unidos aprobó que el pueblo puertorriqueño desarrollara un proyecto constitucional.

Limitaciones a la soberanía

Con las acciones históricas de Estados Unidos se le ha acusado de limitar la soberanía de Puerto Rico a tal punto de llegar a decir que es una de las colonias más antiguas del mundo. Cabe mencionar que la última fuente de poder de la Fiscalía de Puerto Rico es el Gobierno federal porque cuando seguimos el rastro de esa autoridad, llegamos hasta las puertas del Congreso de EE. UU. Los territorios autónomos de Puerto Rico y Estados Unidos no tienen soberanías diferentes.

No existe un gobierno Federal, aunque la división de poderes existe y se divide en Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Este último es representado por un gobernador, quien es electo de forma de sufragio cada 4 años. Por último, podemos mencionar que la población puertorriqueña radicada en su territorio es que no pueden votar en las elecciones federales. Tampoco tienen una representación plena en el Senado como lo tienen el resto de los 50 estados que conforman a Estados Unidos.

Facultades de Puerto Rico

La Junta de Control Fiscal tiene facultades muy amplias. Por ejemplo: aprobar los planes fiscales de largo plazo del gobierno de Puerto Rico; aprobar los presupuestos anuales del país; requerir informes periódicos al gobierno sobre Rivera 20 el cumplimiento de los planes fiscales y presupuestos certificados por la Junta.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó que la última fuente de poder del gobierno de Puerto Rico es el Congreso de Estados Unidos. Por otra parte, las autoridades gubernamentales de Puerto Rico, por lo general, han asumido una supuesta soberanía política de este territorio no incorporado de Estados Unidos.

Podemos observar que la práctica y el control que ejerce el gran vecino del norte va en contra de los principios que rigen al Derecho Internacional Público pues la condición de Estado Libre asociado que se le da a Puerto Rico no toma en cuenta la libre autodeterminación de los pueblos, así como el principio de igualdad soberana entre los Estados. A pesar de que en teoría es una grave falta al Derecho Internacional las normas constitucionales han restringido y bloqueado a los diferentes plebiscitos que el pueblo latinoamericano ha invocado; como dijimos la autonomía, de un pueblo que lucha día a día para tener una mejor vida, sigue estando entre la verdad y la mentira.