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CNDH recrea en video los hechos del caso Ayotzinapa
Nacional | Tendencias
14 de abril de 2016 - 6:01 pm
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José Trinidad Larrieta Carrasco dijo que los dos elementos federales presenciaron el momento en que los normalistas eran subidos a la fuerza en una patrulla

Ciudad de México.- José Trinidad Larrieta Carrasco, encargado de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, dijo que los dos elementos federales presenciaron el momento en que los normalistas eran subidos a la fuerza en una patrulla de la Policía Municipal de Iguala y en tres de Policía de Huitzuco sin que hayan intervenido. Desde septiembre del año pasado, el GIEI lo había advertido en su informe. También advertía de presencia de elementos del Ejército.

Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer este día que existen elementos para pensar que agentes de la Policía Municipal de Huitzuco, y dos de la Policía Federal, participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.

González Pérez dijo que la investigación del caso Iguala “es un expediente abierto y debe ser asumido como prioridad nacional”. El Ombusman nacional dijo además que no se puede permitir la impunidad en lo ocurrido con los normalistas.

SE IGUALA

Al dar a conocer los detalles del caso, José Trinidad Larrieta Carrasco, encargado de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, dijo que los dos elementos federales presenciaron el momento en que los normalistas eran subidos a la fuerza en una patrulla de la Policía Municipal de Iguala y en tres de la Policía de Huitzuco sin que hayan intervenido.

Así, la CNDH presentó hoy una nueva línea de investigación que debe ser retomada por la PGR en el caso Iguala que involucra a policías municipales de Huitzuco, Iguala y policías federales en la desaparición de entre 15 y 20 normalistas, incluido Alexander Mora Venancio.

Larrieta dijo que la línea basada en un testigo directo de los hechos establece que en el puente del Chipote frente al Palacio de Justicia el autobús Estrella de Oro 1531 fue detenido, luego de ser perseguido a balazos y sus llantas ponchadas.

SE IGUALA

Ahí los policías municipales de Iguala golpearon con piedras y palos los vidrios de la unidad, lanzaron al interior gas lacrimógeno y obligaron a los estudiantes a bajar del vehículo.

Una vez abajo en la cinta asfáltica de la carretera federal Iguala-Chilpancigo, fueron golpeados y subidos a patrullas de Iguala y tres de Huitzuco.

De acuerdo con la CNDH todo ocurrió con la participación y conocimiento de dos policías federales.

SE IGUALA

Según el testigo los normalistas habrían sido entregados a una persona llamado “El Patrón”, quien decidiría el destino de los jóvenes.

El testigo dijo, según las indagaciones de la Comisión, que un Policía municipal de Iguala habló con un agente de la Policía Federal:

–¿Qué pasa con los chavos? –preguntó el Policía federal.

–Allá atrás chingaron a un compañero, nos los vamos a llevar a Huitzuco, que El Patrón decida qué hacer con ellos –contestó el agente municipal.

–Ah está bien –reviró el Policía Federal.

Los jóvenes fueron subidos esa noche en patrullas y trasladados a otro lugar. Ese fue la última vez que se vio a los estudiantes, detalla el informe de la CNDH.

La Comisión dio a conocer también diversas propuestas hacia la PGR, entre ellas, que se recaben declaraciones y ampliaciones de declaración de algunos elementos de las policías estatal, ministerial de Guerro y Federal, así como de los elementos militares destacamentados en las ciudades de Iguala y Cocula, “ a efecto de que rindan testimonio relacionado con las acciones que pudieron haber desarrollado en sus respectivas dependencias en la sucesión de los hechos investigados”.

Incluso propuso que se solicite a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) datos sobre quiénes de los 43 normalistas pertenecen o han pertenecido al Ejército.

Pidió también continuar con las acciones de búsqueda que pudieran dar con el paradero de los estudiantes; así como, para dar certeza a las familias, pidió agotar todas las líneas de investigación sobre las versiones de la posible ubicación de los estudiantes, como la que afirma que algunos estudiantes se encuentran en municipios de la Sierra del Estado de Guerrero, la que indica que en Apango “ya apareció uno con vida”, y incluso otra que afirma que “están autosecuestrados”.

Por otra parte, también pidió que se resuelva “lo que en derecho proceda respecto a las circunstancias en que se dio el deceso científicamente probado de quien en vida respondió al nombre de Alexander Mora Venancio, originalmente desaparecido con 42 de sus compañeros normalistas”.

PGR AFIRMA QUE INDAGA ESTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Por su parte, la PGR dijo en un comunicado que en el marco de la investigación del caso Iguala “ha sido receptiva con los planteamientos hechos por las diversas instancias en materia de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”.

Informó que en el caso de lo informado hoy por la CNDH, se solicitaron medidas cautelares para la protección y salvaguarda del testigo “quien refiere la probable participación de elementos de otros cuerpos policiales en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala y Cocula”.

Lo anterior, dijo la dependencia, con el propósito de “continuar y agotar las líneas de investigació”.

Reiteró incluso que “de manera oportuna y a satisfacción del interviniente, estableció las medidas cautelares necesarias e idóneas para preservar su seguridad e integridad así como la de su entorno familiar”.

Finalmente, la PGR aseveró que “profundizará en esta línea de investigación y en su momento se darán a conocer los resultados que correspondan y respondan a los planteamientos que hoy realiza la CNDH”. Y dijo que continúa con la investigación y persecución de los hechos.

Desde septiembre del año pasado, la versión de que agentes de la Policía Federal estuvieron en la llamada “noche de Iguala” fue exhibida por expertos internacionales. Carlos Beristain, del Grupo de Expertos de la CIDH, dijo a The Guardian que “la hipótesis de que los estudiantes fueron confundidos con una banda rival ha sido completamente descartada”, y refirió que la hipótesis sobre el quinto autobús.

“Hay elementos que apuntan a la misma, y esto ​​podría explicar el modus operandi de esa noche”, dijo en una inusual entrevista.

Al reconstruir la evidencia fragmentada en las primeras etapas de la investigación oficial referente al autobús, los expertos concluyeron que el “quinto autobús” es el único que fue detenido por la Policía Federal, en lugar de ser baleado por la policía municipal.

Los agentes federales aparecen en distintos momentos, insistió desde entonces el GIEI, que terminó su mandato y deberá dejar el país por disposición del Gobierno de México.

Beristain dijo cuando se presentó el informe que después de la desaparición “hay una visita de una patrulla del Ejército y también existen evidencias de que hay un nivel de coordinación, ya que un testigo clave dijo que fue llevado a un lugar donde alguien daba las órdenes en una casa del centro de Iguala”.

Destacó que hay 700 familiares directos que han sufrido las consecuencias de la desaparición forzada de los estudiantes, además de “seis ejecuciones extrajudiciales, 40 lesionados y 43 desaparecidos”.

Ángela Buitrago, una de las expertas, afirmó además que el Ejército y la Policía Federal tuvieron conocimiento del movimiento de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, antes de la desaparición de los 43.

Justo hoy, el Presidente Enrique Peña Nieto reiteró que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa deben concluir su trabajo a finales de este mes, pues el Gobierno mexicano cumplió con el acuerdo de “coadyuvancia” que tenía por objetivo “enriquecer” la labor de la institución responsable del caso, que es la Procuraduría General de la República (PGR).

“Es un acuerdo que se está cumpliendo con un tiempo determinado y que fue ampliado por seis meses tras haberse solicitado hacerlo por cuatro. Esa es la posición que tiene el Gobierno”.

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