Corrosión Social

Por Daniela Guerrero

“Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido.”

La segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos, parte de la famosa Carta de Derechos, fue aprobada en 1791.

En 2008, la Corte Suprema afirmó el derecho individual a portar armas en el caso Distrito de Columbia v. Heller. Sin embargo, añadió que, al no tratarse de un derecho ilimitado, la regulación en la producción y consumo de armas de fuego, era una necesidad.

La tecnología de las armas de fuego ha evolucionado exponencialmente, más allá de las concepciones de los Padres Fundadores. Patrick Crusius, el joven tirador que asesinó a 22 personas en El Paso, Texas, el pasado 3 de agosto, portaba un rifle AK-47. Gracias al fusil con capacidad de 100 disparos antes de recargar, Connor Betts mató a 9 personas en Dayton, Ohio, en menos de 30 segundos.

Crusius y Betts organizaron sus propias milicias, seguros de que su derecho a las armas, no sería infringido.

El viernes 9 de agosto, el Presidente Donald Trump publicó un tweet sobre las “serias discusiones” que se están llevando a cabo entre los líderes de ambas cámaras del Congreso para incorporar verificaciones de antecedentes en la compra de armas.

A su vez, Wayne LaPierre, director de la Asociación Nacional del Rifle, se opuso a “cualquier legislación que viole los derechos de ciudadanos respetuosos.” Ante las verificaciones propuestas, dijo que “la verdad incómoda es que no hubieran prevenido las horribles tragedias en El Paso y Dayton.”

Sin embargo, en 2018, tras la masacre de diecisiete personas en Parkland, Florida, el Washington Post reportó que LaPierre trató de comprar una mansión de $6.5 millones en una comunidad cerrada con recursos de la ANR, porque “no se sentía seguro.”

¿Qué asustó al defensor de los ciudadanos respetuosos? ¿Habrá sido la predilección de los tiradores por espacios concurridos y mundanos? ¿O quizás la popularidad de las escuelas como sitios de ejecución? ¿Tal vez fue la creciente tasa de enfermedades mentales cobrando vidas más allá de los pacientes? ¿O acaso la posibilidad de estar en el lugar equivocado durante los 30 segundos que le toma a la policía actuar?

El cambio contextual que atraviesa la segunda enmienda es irrebatible. La amenaza de invasión por soldados de la Corona Inglesa, se disipó hace 200 años. Sin embargo, millones de norteamericanos aún plantean la regulación como una afrenta a sus libertades, relativizando y aislando las causas de la ola de tiroteos. Al ligar estos incidentes únicamente a la salud mental, la difusión de videojuegos violentos a niños y los prejuicios raciales, la accesibilidad de armas se vuelve tangencial.

La intransigencia de un grupo de norteamericanos que equipara la posesión irresponsable de armas de fuego con el “carácter” y “cultura” nacional, se traduce en conteos de cuerpos anuales. El tiroteo masivo no es una peculiaridad cultural, sino una corrosión social, alimentada por los fuertes intereses económicos en la producción y comercio de armas, y presentada como un legado histórico inalterable.