Monitor Nacional
Corrupción e impunidad
Opinión | Eduardo Gonzalez
11 de agosto de 2016 - 10:49 am
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A casi dos años y medio, la aventura peñista, sin duda, ha pasado a los anales de la historia política de nuestro país como una de las administraciones con mayor grado de corrupción e impunidad

A casi dos años y medio de concluir el “gobierno” de Enrique Peña Nieto, la aventura peñista, sin duda, ha pasado a los anales de la historia política de nuestro país como una de las “administraciones” con mayor grado de corrupción e impunidad por parte de la familia presidencial. Y vaya que hemos tenido lo “mejor” de lo “mejor” en prácticas de corrupción. Siempre es posible superar a los maestros. Desde luego, no negamos que la galopante corrupción en este sexenio esté exenta del resto de las áreas de la administración pública, por el contrario, desde 2012 la corrupción y la impunidad; los conflictos de intereses y el amiguismo político-empresarial han sido las monedas de cambio en el ejercicio gubernamental.

Ante esta inocultable realidad, el inquilino de Los Pinos y sus voceros se empeñan en tapar con breves e insostenibles comunicados las sistemáticas corruptelas de la primera familia del país, con lo cual lo único que hacen es atizar el fuego de la indignación y rabia ciudadana.

Al paso de los días las prácticas de la clase política mexicana nos recuerdan que el sistema nacional contra la corrupción solamente es un maquillaje sobre el andamio de impunidad y corrupción del sistema político mexicano. Desde luego, resulta imposible estar en contra de un marco legal que combata la corrupción, así lo celebró en días recientes la misma embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, pero cuando ese marco jurídico está desprovisto de dientes y no existe la voluntad política para terminar con la corrupción, el andamiaje legal no sirve de muy poco, por no decir de nada.

Prácticamente al mismo tiempo que la embajadora estadunidense festinaba el sistema anticorrupción mexicano en compañía de legisladores de nuestro país, que difícilmente pueden ser ejemplo de probidad en su ejercicio público profesional y que pusieron oídos sordos al reclamo de la representante de la Casa Blanca, el periódico inglés The Guardian, publicaba que la esposa de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, utiliza un lujoso departamento en Miami, Florida, que supuestamente pertenece al Grupo Pierdant propiedad de Ricardo Pierdant, quien  “aspira” a tener contratos con el gobierno mexicano. La propiedad veraniega tiene un valor de más de 2 millones de dólares.

Si bien es cierto que Angélica Rivera en el contexto del escándalo de la Casa Blanca de Las Lomas, declaró haber comprado esa propiedad en la Torre Ocean Uno en 2005, la primera esposa del país no mencionó que el departamento contiguo al suyo pertenecía al Grupo Pierdant y que ella lo utiliza desde 2009.

Utilizar el departamento de un “amigo” por parte de la esposa del “presidente” no configura delito alguno, pero no deja de llamar la atención que Ricardo Pierdant pague los impuestos del lujoso departamento que posee Angélica Rivera. Más allá de las huecas declaraciones para “explicar” la situación del departamento de Miami, la Presidencia de la República debe aclarar ¿por qué el empresario Pierdant paga los impuestos de la propiedad que dicen posee Angélica Rivera?

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