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¿Cuándo nos dejó de sorprender?

En los escasos primeros 70 días de este año, más de 300 personas han sido víctimas de homicidio en el estado de Jalisco (El Informador). Según el periódico Milenio, la ola de violencia que se ha desatado es el resultado de la detención de El Argentino, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios jaliscienses de El Salto, Tlaquepaque y Tonalá. Explicaciones sobran; ya sea desde los espacios de prensa o desde las instituciones de impartición de justicia, los ciudadanos no dejamos de recibir excusas que buscan justificar la violencia que invade la vida pública hasta sus más mínimos rincones. Ante la impotencia y la vulnerabilidad de los individuos, la normalización de la violencia aumenta exponencialmente cada día como la única alternativa para sentirnos seguros.

Ya no hay nada que nos pueda sorprender; nada nos genera asombro y la lamentable realidad que nos azota se hace parte de nuestra cotidianidad. Hemos aceptado su presencia en nuestra vida diaria y antes de promover espacios de libertad, transparencia y democracia, la esperanza de sobrevivir un día más en un estado donde mueren 4 personas al día (El Informador, 2017) impera de manera constante.

El problema es aterrador. Idealmente, en una democracia deben existir las condiciones para que la participación ciudadana, por medio de la rendición transparente de cuentas, sea el motor para la creación y desaparición de instituciones públicas con la finalidad de extender el alcance del Estado y mejorar la calidad de los servicios que provee a la ciudadanía. Así, la constante renovación de dependencias gubernamentales como las fuerzas armadas, las instancias que imparten justicia, el sistema de salud y educación pública y la infraestructura urbana, deben responder espacial y temporalmente a las transiciones culturales y generacionales que presenta la población en sus necesidades específicas.

Sin embargo, para que las demandas puedan ser escuchadas y eventualmente atendidas, primero debe existir una plataforma sólida que garantice seguridad a la ciudadanía que necesita levantar la voz. Es de carácter urgente que el Estado provea las oportunidades para que la sociedad civil tenga la libertad de manifestarse a favor de lo que considera justo. Estos espacios de libertad de expresión brillan por su ausencia. Como si fuera poca cosa, no solo han ido desapareciendo, sino que los gobiernos priistas se han esforzado, desde la represión del movimiento estudiantil de 1968, en usar la violencia para sofocar las manifestaciones sociales que buscan mejores condiciones de vida en nuestro país.

Así, a raíz de la imposibilidad de reclamar causas justas, de la obstaculización burocrática para hacerlo por parte del Estado, así como la violencia sistemática a la que se tiene que enfrentar un movimiento social, en la ciudadanía cada vez impera con mayor fuerza un sentimiento de conformidad. Vivimos en un ambiente violento y lo hemos aceptado como si fuera la norma. Todos los días, al menos en Jalisco, mueren un promedio de 4 personas y nadie parece hacer nada. Nos dan explicaciones que no tienen sentido pero que parecen ser suficientes para que todo siga igual.

El año pasado ha sido el año más violento en México durante las últimas dos décadas, con un promedio de 79 asesinatos por día (El Financiero), y todo parece indicar que el 2018 lo podrá superar. La ola de violencia encuentra tierra fértil en un país donde el maridaje entre las autoridades y el crimen organizado es la constante y donde la ciudadanía lo normaliza. No cabe duda que la manera en la que se ha conducido la política pública para combatir al narcotráfico en los últimos años es ineficaz y no tiene ninguna intención de dejar de serlo, sin embargo lo que no tiene cabida en la ecuación es que el miedo a ser uno más de las cifras de homicidios nos mantenga ajenos al problema.

Ignoramos la situación, justificamos a los agresores, culpamos a las víctimas y nos conformamos con las explicaciones del Estado. En una actitud de total indiferencia, mantenerse al margen sí nos afecta. La violencia crece y nadie parece poder detenerla. Hemos permitido que se acomode en todos los aspectos de la vida pública y lograr que se retire luce como un trabajo imposible. Sin embargo solo hace falta dejar de normalizarla.

No está bien que la gente sea asesinada y bajo ninguna circunstancia la víctima puede ser la culpable de haber sido presa de un homicidio. Ninguna explicación es suficiente: el Estado es el único responsable de detener la violencia y mientras tenga el monopolio del uso legítimo de la fuerza, debe tener la capacidad de hacerlo.