Donald Trump cancela el TPS para salvadoreños

Esta semana el presidente, Donald Trump canceló el Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que beneficia a los salvadoreños; lo mismo que hizo con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals); el TPS a favor de los haitianos luego del terremoto de 2010; y el otorgado a los nicaragüenses tras el huracán Mitch en 1998; quedando pendiente solo el que beneficia a los hondureños.

Para evitar la deportación, 195 mil salvadoreños deberán obtener la residencia por otro camino o dejar la Unión Americana antes del 9 de septiembre de 2019. El TPS fue concedido por Estados Unidos a los salvadoreños luego de los terremotos de enero y febrero de 2001 en el país centroamericano, al inicio el Estatuto benefició a 263 mil personas. No olvidemos que el TPS es un programa de protección humanitaria, que si bien no otorga la ciudadanía, ni la residencia permanente, si concede permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos que provengan de naciones donde experimenten conflictos armados o desastres naturales, en tanto las condiciones de sus países no mejoren y permitan su retorno.

La cancelación del TPS para los habitantes de varias naciones, así como el DACA y la negativa de activar el DAPA, continúan siendo una muestra clara de la política antimigratoria puesta en marcha por Trump desde enero de 2017. Si bien es cierto, que las deportaciones no han alcanzado los niveles vistos con Barack Obama, no podemos negar que la constante de la administración Trump es cerrar cada vez más la pinza sobre los migrantes.

En tanto, no se resuelva la situación de los “tepesianos” salvadoreños y sean deportados, el impacto en su país y Estados Unidos traerá serias consecuencias. En el ámbito económico la Unión Americana perderá mano de obra barata y calificada, incluso capacitada allende el río Bravo. Para la nación centroamericana implicará dejar de recibir las millonarias remesas que hoy oxigenan su alicaída economía inyectando 4 mil 500 millones de dólares anuales lo que equivalente al 17% de su PIB, beneficiando a 20% de los hogares. Por otro lado, vendrá la inevitable separación de familias quedando en Estados Unidos quienes hayan nacido allá y saliendo sus padres. En El Salvador se presentará una fuerte presión sobre el mercado laboral y los servicios públicos que exigirán quienes sean deportados. Sin olvidar los altos niveles de violencia que encontrarán en su nación de origen.

En una jugada similar a la puesta en marcha con la suspensión de DACA, Donald Trump mandó la pelota a la concha del Congreso. Por ello, los legisladores republicanos y demócratas ya comenzaron a elaborar propuestas de solución. Tenemos la medida presentada por el republicano, Carlos Curbelo, que permitiría la legalización de los migrantes “indocumentados” de Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador y que se ampararon al TPS antes del 13 de enero de 2011. También está la propuesta de Yvette Clarke, que les permitiría solicitar la residencia permanente si tenían vigente su TPS antes del 1 de enero. Una tercera medida, propuesta por la demócrata, Nydia Velázquez, busca protege de la deportación a los que tengan al menos tres años con TPS (La Opinión, 8 de enero de 2018).

Al final del día, los miles de migrantes que cotidianamente trabajan y aportan para el crecimiento y desarrollo de Estados Unidos y de sus países donde no tuvieron el derecho a no migrar, son acorralados y perseguidos en tanto buscan un lugar donde vivir.