¿Dónde se encuentra América Latina?

Entre 2018 y 2019, hemos tenido y tendremos elecciones presidenciales en 15 de los 18 países de América Latina. Ecuador, Chile, Honduras, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil este año y el siguiente tocará a Panamá, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Uruguay y Argentina. Este proceso electoral es por demás relevante si se le agrega el hecho de que la región celebra la tercera ola democrática, pues la mayoría de los países han logrado alcanzar las primeras cuatro décadas desde el inicio de la transición a la democracia. Ante este contexto, ¿Cómo viviremos los latinoamericanos las elecciones? ¿Hacia qué lado se tornarán las administraciones?

El ciclo electoral durante 2018 se caracterizó por una tendencia a la sustitución de los gobiernos de centro izquierda por los de centro derecha. El ejemplo más evidente tomó lugar en Brasil, en donde Jair Bolsonaro, miembro del paradójico Partido Social Liberal, ganó con más del 55% de los votos. Su caso ejemplifica la terminación de la hegemonía de las administraciones de izquierda en la región, pues supo aprovechar que los ciudadanos de Brasil, como la mayoría de los latinos, estaban hartos de la mala situación económica, la inseguridad y la corrupción. Sin embargo, no todos los países están siguiendo este patrón. México, por ejemplo, muestra cómo la desilusión en los partidos puede ocasionar una decisión que anteriormente habría sido categóricamente impensable. De hecho, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el candidato con el mayor número de votos en la historia de México, con más de 30 millones.

Ahora bien, sobre la razón por la cual México es la anomalía se debe anotar el fracaso que por más de 20 años representaron las reformas estructurales, cuya promesa era arribar a una nueva época de prosperidad, que nunca llegó. Si a esto se le suma el escaso y espaciado incremento del salario mínimo y la ralentización del crecimiento económico, es fácil comprender por qué lo único que les faltaba a los mexicanos era el establecimiento de un brazo débil pero eficiente de medios de comunicación independientes que hicieran evidente los sucesos que enervaron el voto político de castigo.

Así pues, México como América Latina podrán resumir sus votaciones en votos de castigo, en buena parte provenientes del hartazgo contra “la cultura de los privilegios”, como lo define Alicia Bárcena Ibarra, una en la que sólo un grupo de élite tiene acceso a los beneficios reflejados por el crecimiento económico que los países latinoamericanos estuvieron tan ansiosos por presumir ante la 73 Asamblea General de la ONU. En ese sentido, la desconexión entre el aparente desarrollo económico y la percepción de los ciudadanos dará una ventaja inminente a los llamados partidos de oposición. Luego entonces, el reto para los partidos políticos de América Latina residirá en convencer a una población resentida que ya no está segura de si la democracia ha sido un sistema político que les ha funcionado. A la población le importa poco la clasificación izquierda o populista, lo que ahora le llama la atención son los movimientos anti-régimen o anti-sistema.

Es cierto que el descontento no vino sólo, floreció a lo largo de las tres o cuatro décadas de democracia en el país correspondiente. Inició con los contratos designados a los cuates, culminó en un Estado de Derecho fársico y discrecional, en el que en muchos países no hay si quiera una verdadera independencia entre el poder Ejecutivo y el Judicial. Y de esta forma, Odebrecht ha logrado unir más a los latinoamericanos en términos de repulsión a la corrupción compartida, si bien desgraciadamente, dicha indignación no ha sido suficiente para tornarse en nuevos liderazgos. Los 165 millones de jóvenes no se sienten incluidos en los procesos democráticos y es demasiada su repulsión por los partidos políticos como para sentirse parte de ellos.

Pese a lo anterior, no es el momento de asegurar que todo este perdido. América Latina tiene el potencial de generar cambios sustanciosos a través del entendimiento de los cambios del nuevo siglo, incluyendo las invenciones disruptivas y la cuarta revolución industrial. Bien lo dice Daniel Zovatto “El problema central de América Latina es que tenemos instituciones creadas en el Siglo XIX, con liderazgos con paradigmas del siglo XX, para manejar sociedades tremendamente complejas del siglo XXI”. A fin de que dicha actualización se realice, el sector privado puede contribuir a través de la proposición de esquemas de negocio que propicien una implementación rentable de nuevas oportunidades de desarrollo social para la población. El sector público no tiene por qué seguir trabajando a espaldas del sector privado, y el último no está relegado a la explotación económica de la clase obrera, un discurso que a todos los latinoamericanos nos gusta repetir.

Por otro lado, es necesario que las nuevas administraciones generen un verdadero fortalecimiento del Estado de Derecho a través de los checks and balances entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Debemos recordar que en múltiples ocasiones se nos ha anotado que, de no mejorar la situación de institucionalidad, la calidad de la política y el estado de derecho, el impacto de las reformas que se propongan será mucho menor del esperado. Para lograrlo, necesitamos una nueva generación de políticos, partidos políticos integrados por jóvenes cuya intención no sea servirse del Estado, sino construir un nuevo proyecto de nación en el que el Congreso rechace las prácticas de cabildeo y apruebe nuevas leyes para el desarrollo político, económico y social de los ciudadanos.

Finalmente, la eliminación de una sociedad de disparidad comienza con la generación de bienes públicos, en los que se incluya al sector privado. De esta manera, se comenzará a eliminar el paradigma de que los sectores pobres sólo son acreedores a bienes públicos de mala calidad. También se aprovecharán las propuestas de valor para generar proyectos que excedan las expectativas de la ciudadanía a través de la implementación de nuevas tecnologías para la preservación de los recursos naturales, sistemas anticorrupción y procesos de gobernanza local.