Monitor Nacional
El agua en México no se privatiza
Opinión | Alejandro Medina Mora Nieto
19 de enero de 2016 - 7:49 am
Agua-Monitor Nacional
Nuestro país requiere de una legislación de vanguardia que lo posicione como un referente en la garantía del derecho humano al agua y la regulación de nuestros recursos hídricos

El artículo cuarto Constitucional reconoce el derecho humano al agua, estableciendo para ello que será mediante una Ley General de Aguas en donde se definan las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Para ello, nuestra Carta Magna establece la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía.

Al respecto, es importante referir al artículo 27 de nuestra Constitución Política, el cual establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio Nacional, corresponden originalmente a la nación.

Desde el punto de vista jurídico, cualquier ordenamiento normativo que pretenda reconocer la propiedad privada sobre las aguas nacionales, resulta a todas luces inconstitucional. Decir que el agua se va a privatizar, es tanto como desconocer el contenido y dar una interpretación imprecisa de nuestra Carta Magna.

Es por ello que, la Ley General de Aguas lejos de tener una finalidad privatizadora, debe de buscar el fortalecimiento de los organismos prestadores de servicios de agua, toda vez que son ellos los responsables en términos del artículo 115 constitucional. Así, independientemente de los esquemas por los que opten dichos organismos, la propiedad sobre el recurso hídrico no cambia su naturaleza.

Por otra parte, cabe destacar que la referencia a una supuesta privatización del agua, se basó en la redacción del artículo 129 de la iniciativa de Ley General de Aguas presentada en su momento en la Cámara de Diputados y que posteriormente se desechó, el cual preveía la posibilidad de que la Comisión Nacional del Agua pudiera promover la participación de particulares en la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal. Sin embargo, no se tomó en cuenta que dicho texto ya se encuentra redactado, tal cual, en el artículo 102 de la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992. Es decir, de ser válido dicho argumento, el agua llevaría privatizada en nuestro país, más de dos décadas, cosa que por supuesto no obedece a la realidad.

En la Comisión Nacional del Agua tenemos claro que en México el agua no se privatiza. La propiedad de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio Nacional es y seguirá siendo de la nación. Los organismos operadores de agua son y seguirán siendo los responsables de la prestación de los servicios de agua, independientemente de los esquemas que contemplen para llevar a cabo dicho servicio.

Hoy más que nunca, nuestro país requiere de una legislación de vanguardia que lo posicione como un referente en la garantía del derecho humano al agua y la regulación de nuestros recursos hídricos. No podemos continuar con debates dogmáticos y alejados de la realidad. Es momento de unir esfuerzos y generar consensos para poder contar una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua y al mismo tiempo, dote a los tres órdenes de gobierno y a la ciudadanía de herramientas necesarias para hacerle frente a la realidad hídrica de nuestro país.

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