Monitor Nacional
El desplazamiento forzado de personas
Construir el conocimiento | Gabriel Quezada
9 de noviembre de 2015 - 8:50 pm
Desplazados-MN
De acuerdo con el ACNUR, la cifra de los casi 60 000 000 de desplazados de manera forzada, rebasa el antecedente de la Segunda Guerra Mundial

Los problemas derivados de la inseguridad en el mundo generan que una gran cantidad de personas tengan que ser desplazadas de su lugar de origen, ante la incapacidad de los gobiernos de sus países para garantizar su supervivencia y desarrollo como seres humanos. Varios de sus derechos se ven amenazados, desde el propio derecho a la vida, generando la inexistencia de otros como los establecidos en instrumentos internacionales de los que sus Estados son parte.

Aunado a lo anterior, pese a que varias naciones cuentan con legislaciones que contienen el respeto de los derechos humanos, no hay una observancia debido a inestabilidades internas provocadas, ya sea por integrantes del crimen organizado transnacional o local, grupos terroristas, conflictos internos de diferente naturaleza como los políticos, guerras civiles, por intervenciones de países que violan el derecho internacional, o desestabilización de origen multifactorial.

De acuerdo con información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2014 el promedio de personas desplazadas diariamente, fue de 42 500, cifra que generó tener un resultado al final del año de casi 60 millones de seres humanos desplazados, de los cuales, se estima que más de la mitad fueron niños, quienes hoy viven sin pleno goce de sus derechos junto con familiares o connacionales que los acompañan. A esto se agrega que hay menores que transitan de manera no acompañada y su grado de vulnerabilidad es aún mayor que los que sí tienen quien les acompañe.

La problemática además de constituir una violación de diferentes derechos humanos, genera: desintegración familiar, problemas de alimentación, acceso a servicios de salud, educación, entre otros.

De acuerdo con el ACNUR, la cifra de los casi 60 000 000 de desplazados de manera forzada, rebasa el antecedente de la Segunda Guerra Mundial.

Casos como el de la guerra civil en Siria y en países de África, así como el conflicto en Medio Oriente, aunados a las violaciones de derechos humanos y persecución política en diferentes lugares del mundo obligaron a 11 000 000 de personas a abandonar sus hogares en 2014. El 25% de los cuales tuvo como país de origen Siria.

Los datos son preocupantes, ya que se generaron 2.7 millones de personas refugiadas, mientras 8.3 millones de humanos se convirtieron en desplazados internos. La cifra de solicitudes de asilo, alcanzó 1.66 millones.

Con base en datos de la institución en cuestión, 10 mil 666 mexicanos huyeron del país en 2014 adquiriendo la calidad de refugiados. En cuanto a solicitudes de asilos, la cifra fue de 29 mil 354. Asimismo, nuestro país brindó protección a 1 837 refugiados.

México en ese año, tuvo contabilizados 281 400 desplazados debido a la violencia que se vive en el país. Dado este contexto, en el marco del 29º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se desarrolló en Ginebra del 15 de junio al 3 de julio del año en curso, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), hizo un llamado al Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, el Dr. Chakola Beyani, sobre la situación grave que atraviesan las personas que son forzadas a desplazarse internamente en nuestro país a causa de los altos índices de violencia.

Mediante un documento presentado en la sala del Consejo de Derechos Humanos, la CMDPDH manifestó que “en los últimos nueve años, el desplazamiento en nuestro país ha sido un recurso tanto reactivo como preventivo”.

Las personas que forman parte del desplazamiento forzado, huyen de sus hogares de residencia como consecuencia de actos criminales y violaciones a sus derechos humanos o bien, debido al temor de ser víctimas del clima de inseguridad que se vive y de la impunidad que prevalece.

Aunado a lo anterior, la institución señala que los desplazados en México, no cuentan con mecanismos ni instituciones para su debida protección y oportuna asistencia. Asimismo refiere que, el fenómeno sigue siendo ignorado por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, mientras cientos de miles de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y desprotegidas.

Es por las razones mencionadas que la CMDPDH, reiteró la urgencia de que el Estado mexicano reconozca que el fenómeno del desplazamiento interno forzado se ha convertido en una crisis humanitaria, que se agrava por la instrumentación de la estrategia de seguridad pública.

Cabe agregar que, precisamente pese a la estrategia de seguridad que se está instrumentando en nuestro país, planeada con el apoyo de Estados Unidos, no ha sido posible garantizar la seguridad ciudadana, por poner en riesgo la vida de miles de mexicanos, debido a que aún no se desmantelan todos los grupos del crimen organizado ni se combate la corrupción, y menos aún, se impide la impunidad.

El que sigan operando con control de territorios integrantes del crimen organizado, significa que van a continuar provocando el desplazamiento de personas, mediante la generación de un clima de inseguridad caracterizado por diversos delitos como: extorsión, secuestro, homicidio doloso, entre otros. Y cuando las personas pasan a convertirse en desplazadas, no hay protección, esto se ha visto no sólo con los nacionales, sino hasta con migrantes centroamericanos cuya situación en sus países de origen es similar.

Así que es necesario que la estrategia de seguridad sea integral, que no sólo abarque acciones militares, esto porque durante este año hubo un aumento en el gasto en adquisición de armas de EE.UU., para el Gobierno mexicano el cual ha llegado a 3 500 mdd. Lo anterior, pese a que en las relaciones con EE.UU. el gobierno mexicano expone en uno de los objetivos, “privilegiar en la cooperación en materia de seguridad la inteligencia, antes que el uso de la fuerza”.

Por ello se requiere de un enfoque en la prevención del delito y, en caso de que éste se cometa y llegue a generar que se incremente el número de desplazados, se cuente con mecanismos legales de protección y políticas dirigidas a garantizar el respeto de los derechos humanos en México.

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