Monitor Nacional
El futuro de la regulación y los reguladores
Opinión | Javier Tejado Dondé
11 de agosto de 2015 - 7:36 am
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¿Es necesario tener órganos reguladores cuando la nueva realidad tecnológica en telecomunicaciones avanza a favor de servicios que no se encuentran regulados?

La semana pasada se observó en el mercado de valores estadounidense un movimiento dramático a la baja en las acciones de las principales empresas involucradas en el negocio de la televisión de paga en Estados Unidos, fundamentalmente por diversos reportes que mostraron que estas compañías han resentido caídas en su base de suscriptores, lo que se explica principalmente por la migración de estos a los servicios de video “bajo demanda” que se prestan por internet, como AppleTV, Hulu, Netflix y hasta la nueva PlayStation5 de Sony, entre otros, fenómeno que este año se ha acentuado. Esto cambia en forma importante el panorama de negocios de los operadores tradicionales de TV de paga.

Lo anterior nos habla de cómo la nueva realidad tecnológica está imponiendo desafíos serios al enfoque regulatorio que hasta ahora se ha empleado para el sector telecomunicaciones, pues, por un lado, observamos a operadores tradicionales —los concesionarios de TV de paga— que debieron obtener una concesión o licencia para prestar el servicio y desplegar una importante infraestructura para poder ofrecerlo, mientras que, por el otro, tenemos un nuevo grupo de proveedores —de servicios “bajo demanda”— que ofrecen servicios similares sin siquiera requerir concesión de ninguna autoridad nacional, pero también sin haber invertido sumas importantes en el despliegue de la infraestructura necesaria para ello.

Los proveedores de este nuevo tipo de servicio son ya tanto de video (Netflix, Hulu y AppleTv) como de audio (Spotify) e incluso de voz (Skype). Se trata de operadores que al no contar con una concesión para prestar servicios de telecomunicaciones no están sujetos al control o supervisión por parte de los reguladores de los países en los que operan, y que aprovechan la infraestructura desplegada por aquellos concesionarios tradicionales que proveen el servicio de Internet, sobre la que se montan este tipo de plataformas. Estos nuevos servicios, que pueden obtenerse mediante el pago de una suscripción o vía pago por evento, han tenido un crecimiento exponencial tanto en Estados Unidos como en Europa, y destaca que incluso en algunos países el número de suscriptores de estos servicios superan ya a aquellos prestados por los concesionarios tradicionales que sí están regulados.

Es aquí donde vale hacer un alto en el camino y preguntarse: ¿es necesario tener órganos reguladores cuando la nueva realidad tecnológica en telecomunicaciones avanza a favor de servicios que no se encuentran regulados?

Una respuesta simple podría ser que habría que desaparecer a los reguladores y permitir que tanto la innovación tecnológica, como el propio mercado, sean quienes determinen el rumbo de este sector. Seguramente, en los siguientes meses se escucharán muchas voces en ese sentido.

Sin embargo, no se debe de perder de vista que los órganos reguladores resultan indispensables en el sector de las telecomunicaciones, pues aunque es un hecho que la tecnología siempre avanzará más rápido que la regulación, también lo es que deben existir entes públicos que garanticen que la prestación de este tipo de servicios —públicos y de interés general— sean bajo un adecuado despliegue de infraestructura que evite prácticas discriminatorias en el acceso a esas redes. Sencillamente, los reguladores deberán de asegurar que la infraestructura en cada país no se encuentre controlada por un solo agente económico, en detrimento de la calidad de los servicios y de los precios que deben pagar los usuarios por tener acceso a los contenidos que viajan, sí en el internet, pero que sólo pueden recibir por conducto de la infraestructura que exista en cada país.

Por tal motivo, los órganos reguladores deben prevalecer, pero ello no implica que no adecúen su actuar a la nueva realidad tecnológica que los rodea. Se trata de cambiar los “qués” y los “cómos”, es decir, modificar la forma en que ejercen las atribuciones que les fueron conferidas, pero, sobre todo, cambiar su visión sobre el papel que deben jugar.

En el caso de México, resulta claro que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene frente a sí un panorama complejo. Por un lado está la necesidad de que resuelva en forma eficaz el acceso a la red local de Telmex, para que otros operadores estén en posibilidad de destinar los valiosos y escasos recursos de inversión a desplegar infraestructura donde hoy no hay y así evitar desplegar donde ya existe, y, por otro lado, que también resuelva las condiciones que se impondrán para que opere eficientemente la red mayorista del Estado. Es decir, el IFT debe buscar que las inversiones que se realicen en el sector telecomunicaciones tengan la máxima utilidad para la sociedad, en un contexto donde los operadores que proveen el servicio a los usuarios no necesariamente son los que desplegaron la infraestructura sobre la que lo prestan.

No cabe duda que el IFT en México, pero también otros reguladores del mundo, tendrán que redoblar esfuerzos para poder cumplir con su mandato de promover mayor competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, tomando en cuenta las nuevas formas en que la gente se comunica y accede a servicios que tradicionalmente se obtenían sólo de concesionarios.

Cambiando de tema: En mi colaboración de la semana pasada comenté las cifras erráticas de la SCT en materia de adquisición y reparto de televisores digitales que tienen como objetivo concretar el apagón analógico a finales del presente año. El secretario Ruiz Esparza será citado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado para explicar este tema. Mucho preocupa el lento avance que presenta y el riesgo de que millones de mexicanos resulten afectados.

El IFT, responsable único de ordenar los apagones analógicos en las localidades en que se haya alcanzado la penetración adecuada de reparto de televisores, deberá de revisar con mucho cuidado la información que al respecto le entregue la SCT. De lo contrario, le van a querer colgar el fracaso de una larga carrera de errores, cuando en realidad solamente le toca la parte final: ordenar bajar el switch.

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