Monitor Nacional
El sistema penitenciario de México
Construir el conocimiento | Gabriel Quezada
15 de febrero de 2016 - 8:25 pm
COLUMNA-mn
En el sistema penitenciario de México acontecen las peores cosas que uno pueda imaginar

La lucha por el poder se manifiesta frecuentemente entre grupos del crimen organizado que conservan sus intereses, aún dentro de las cárceles donde se ejerce la privación legal de la libertad de algunos de los individuos que los conforman. Pero no solo eso, sino que los que delinquen aunque no sean de esas asociaciones delictivas, sin importar a las que pertenezcan, también tienen una posición social diferenciada respecto de otros encarcelados que, no tienen una posición con prerrogativas, por su falta de influencia derivada de la incapacidad para comprar voluntades que les beneficien aunque no sean legales.

En el sistema penitenciario de México acontecen las peores cosas que uno pueda imaginar, pese a que tiene como función formal la reinserción social de los individuos que son procesados y sentenciados, la realidad es bien conocida, parece que aprenden a ser socialmente patológicos, aún más de lo que ya eran antes de ingresar. Pero eso no es generalizado, ya que también hay muchos internos que están recluidos por acusaciones falsas fuera de todo orden procesal apegado a derecho. Sin embargo, aunque no quieran, tienen que someterse a un sistema de poder corrupto, corruptible y de impunidad interna, donde quienes disfrutan de delinquir, son reincidentes y no hay sanción que pueda detener su círculo vicioso de violaciones al marco jurídico vigente.

Decía acertadamente Nelson Mandela: “Nadie conoce verdaderamente una nación si no conoce el estado de sus prisiones”, lo cual quedaría sustentado plenamente si viviera y visitara México. En efecto, debido a las formas corruptas del poder que prevalecen en nuestro país, hay reproducciones dentro de los centros de reclusión, si bien, la lista es larga, es posible empezar aludiendo a la impunidad, la cual genera que en muchas ocasiones quienes están recluidos no sean culpables de los delitos que se les acusa, sino otros que gozan de libertad para seguir cometiendo violaciones a las leyes mexicanas.

Dicha impunidad, está asociada con quienes detentan el poder, que va desde políticos que no observan el marco jurídico vigente, hasta integrantes del crimen organizado que dada la naturaleza de sus organizaciones delictivas, nunca se apegarán a derecho. Estas formas conductuales están también dentro de las cárceles de México, aunque con pocas excepciones, ya que en algunos casos sí hay gente vinculada con la politiquería que está porque una parte del gobierno quiere dar una imagen de justicia para el pueblo, pero es meramente parcial, ya que no encarcela a todos los que debiera. Asimismo sucede con los delincuentes del crimen organizado, están algunos pero otros prevalecen gozando de impunidad y reproduciendo sus mercados ilícitos con actividades de la misma naturaleza.

La podredumbre institucional ya ha sido reconocida por el gobierno federal, pero las acciones contra la misma son marginales. Así, en los centros de reclusión, también es posible encontrar problemas como la inseguridad para varios internos, el deterioro de instalaciones, la sobrepoblación y el hacinamiento, deficiencias en los servicios de salud, insuficiencia de personal capacitado en distintas áreas, la ingobernabilidad del pseudogobierno que genera autogobierno de prisioneros, privilegios que violentan reglamentos internos y leyes, cobros por servicios que deberían ser administrados por las autoridades penitenciarias, corrupción a través de sobornos para ingresar objetos y sustancias prohibidas, extorsiones con equipos celulares que constituyen el 75% del total de las cometidas en el país, problemas de videovigilancia como los “puntos muertos” so pretexto de respetar la privacidad de internos pero con un trasfondo de no tener pruebas para demostrar violaciones a las leyes desde adentro, motines, riñas, deficiencias en la prevención y atención de la violencia, entre muchos otros hechos que son opuestos al derecho.

Pero todo empieza desde la etapa de la detención con: búsqueda de chivos expiatorios, siembra de pruebas (que genera invalidez del debido proceso), protección a los verdaderos culpables de la comisión de delitos, tortura física y psicológica de inocentes, violaciones a varios derechos humanos (que también se presentan dentro de las cárceles y afecta a toda la población, incluso a los 377 niños que están con sus madres recluidos en el país), procesos muy largos de desgaste para inculpados injustamente movidos por el tráfico de influencias desde gente poderosa o adinerada, fraude demostrado a través de aprovecharse de la ignorancia de personas que firman documentación sin ser informadas de su contenido real, o bien, el abuso y discriminación a través de hacer firmar documentos a personas que no saben español, etcétera.

Cabe precisar también que de las irregularidades enunciadas, el detener sin fundamento jurídico a personas en muchos casos obedece a que la policía tiene que entregar reportes de resultados, por lo que es obligada a inventar culpables, procesos, perseguir que haya sentencias, entre otras actividades, porque son requisitos que se les impone desde algunas de las pseudoautoridades del sistema penitenciario de México.

Por la problemática penitenciaria, han ocurrido incidentes que derivaron en muertes dentro de cárceles de México, siendo que nuestro marco jurídico no contempla la pena de muerte como sanción a la comisión de un delito, por lo que el registro de victimas mortales atenta contra el estado de derecho que debería prevalecer en nuestro país.

Así tenemos por ejemplo, un registro de muertes en masa dentro de cárceles que se han generado en entidades como: Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y San Luis Potosí. De esta manera, los acontecimientos del pasado 11 de febrero, en el penal de Topo Chico que tuvieron como saldo 49 muertos y 12 heridos tiene antecedentes similares, incluso en la misma entidad neoleonesa, ya que el 19 de febrero de 2012, en el Centro de Readaptación Social de Apodaca hubo 44 víctimas mortales en un suceso violento.

Por lo descrito, es un imperativo que los funcionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, asuman las responsabilidades que les corresponden legal y administrativamente.

Es urgente que el sistema penitenciario de México se rija por el cumplimiento del debido proceso a los detenidos, el respeto de varios derechos humanos y la eficiente administración de recursos asignados para la reinserción social.

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