Monitor Nacional
El tráfico ilícito de armas entre Estados Unidos y México
Construir el conocimiento | Gabriel Quezada
19 de enero de 2016 - 2:19 pm
Armas-MN
La gran responsabilidad recae en el gobierno estadounidense, al que ya se le había solicitado que detuviera el tráfico ilícito de armas desde el sexenio anterior

La raison d’être del Estado moderno es garantizar la seguridad de sus ciudadanos en el sentido más amplio. Esta abarca desde la seguridad individual, hasta la que está en el nivel más alto, es decir, la seguridad nacional. Para ello, es necesario que se cuente con instituciones eficaces y eficientes encargadas de desahogar las agendas de los diferentes tipos de seguridad para que los individuos de una nación puedan estar protegidos ante riesgos y amenazas que atentan contra la estabilidad nacional y puedan llegar a atentar contra su integridad física.

Las garantías que debe ofrecer el Estado, administrado por su gobierno, de acuerdo con el iuspositivismo también deben encontrarse plasmadas en su constitución, para que formen el marco jurídico que lleve a las sociedades al ejercicio pleno de sus derechos.

Si el gobierno de un país no tiene la voluntad política para ejecutar el contenido de su texto constitucional o es incapaz de hacerlo, es necesario que haya exigencias sociales que le soliciten su acción para que el Derecho no sea letra muerta.

El tema del tráfico ilícito de armas ha sido para nuestro país uno de los tantos asuntos asociados a la seguridad, que ha requerido el reclamo de parte de la sociedad civil hacia el gobierno, por su falta de acciones que lleven a modificar los agravios contra la sociedad mexicana, que se derivan de las violaciones a la ley. Pero el asunto no es un fenómeno interno, sino que proviene de intereses económicos internacionales generados desde nuestro vecino país, Estados Unidos de América.

Ante esta situación, México suscribió el 3 de junio de 2013, el Tratado sobre el Comercio de Armas y lo ratificó el 5 de septiembre de ese mismo año, entre los objetivos que contiene están: I. Establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales; II. Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío; III. Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional; IV. Reducir el sufrimiento humano, y; V. Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados partes en el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos.

Ahora bien, el que nuestro país forme parte de dicho instrumento, es un avance dentro del derecho internacional, pero no significa un progreso en términos de su ejecución, ya que además de las demandas sociales para atender el tráfico ilícito de armas, están también los pronunciamientos contra este fenómeno de parte de legisladoras del país de diferentes fracciones parlamentarias.

Así, es posible referir que, desde el 22 de diciembre de 2014, desde la Presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, la diputada Adriana González Carrillo, presentó un punto de acuerdo en el que solicitaba que desde el Legislativo se hiciera un exhortó al titular del Ejecutivo Federal para que solicitara al presidente de Estados Unidos de América en el encuentro que tendría en días postreros, a que promoviera la observancia de la Ley en materia de exportación ilegal de armas, sin embargo, no se concretó su petición durante la visita del presidente Peña Nieto con el mandatario Obama.

Aunado al asunto anterior, otro caso de solicitud de que se aborde y resuelva el problema del tráfico ilícito de armas, es el de la legisladora Angélica de la Peña, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Con base en un comunicado del Senado emitido el pasado 14 de enero, se puede constatar que, la senadora recordó que existe un tratado de comercio entre nuestro país y Estados Unidos, pero considero que cuando observamos que el origen de la industria que produce las armas que entran de manera ilegal está en esa nación, “uno no entiende donde está la cooperación internacional”.

En efecto, la gran responsabilidad recae en el gobierno estadounidense, al que ya se le había solicitado que detuviera el tráfico ilícito de armas desde el sexenio anterior, pero no ha actuado con determinación para evitarlo. Sin embargo, también de este lado, el gobierno mexicano debería asumir su responsabilidad, ya que en los dos lados tenemos aduanas que deberían revisar lo que entra y sale, contamos con servicios de inteligencia, tenemos instituciones de seguridad y contamos con un ejército facultado para impedir el ingreso de agentes que constituyan un riesgo a la seguridad nacional y todo lo que ello conlleva. Por lo tanto se debe ver como una responsabilidad compartida que obligue a las autoridades estadounidenses y mexicanas a cumplir con su función, al menos que quieran ser objeto de señalamientos de corrupción al ver que el problema persiste.

Asimismo, desde la sociedad civil, el Dr. Sergio Aguayo Quezada de la ONG [Des]Arma México, aseveró que el tráfico ilícito de armas constituye “una guerra de baja intensidad” asimismo, consideró que “al no ser reconocida como tal por el Estado mexicano no puede ser tratada de esa manera y no hay preocupación por los suministros bélicos a las organizaciones de la delincuencia organizada”; como propuesta expuso que en la guerra contra el crimen organizado se necesita “una convergencia razonada, entre organismos civiles, Estado, academia y medios de comunicación para enfrentar el problema”.

Los casos mencionados son parte de una larga lista de exigencias de la sociedad y de representantes parlamentarios a las autoridades de México para que pidan al gobierno estadounidense un tratamiento en la materia que dé salida al problema que nos agravia y en Estados Unidos no es la excepción, ya que el uso ilícito de armas como es conocido ha sido motivo de muchas muertes en instituciones educativas, mientras en México han generado daños colaterales, es decir, las muertes de civiles que no participan en hostilidades pero circunstancialmente son asesinados cuando hay enfrentamientos entre grupos del crimen organizado o entre éstos y militares.

Mientras continúe el tráfico ilícito de armas, la responsabilidad seguirá recayendo en autoridades de México y Estados Unidos de América.

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