Institucionalizar la militarización en México

La semana pasada el presidente electo presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, con el que se pretende disminuir la violencia que aqueja al país desde hace ya más de una década. El documento aborda temas de gran importancia para hacer frente a la problemática, como lo son la corrupción; empleo, educación, pobreza y derechos humanos, por mencionar los más importantes.

Todo lo anterior será de gran importancia para enfrentar la inseguridad que vive el país y que se siente en municipios y estados enteros. Este parece un plan más integral que las acciones tomadas por las administraciones pasada y actual, pero, la cosa cambia cuando leemos el apartado dedicado a la seguridad pública.

En este punto se hace mención a la difícil situación que enfrentan las corporaciones de seguridad civil en los tres ámbitos de gobierno. Policías faltas de capacitación, con bajos salarios, carentes de seguridad social y, en muchos casos, sobre todo en el ámbito local, controladas por la delincuencia organizada. Esta situación, hace difícil prescindir de las fuerzas armadas (FF.AA.); me imagino que todos estamos de acuerdo en que su participación aún es necesaria, hasta que las policías estén en condiciones de tomar el control, de esta forma podríamos pensar en que los militares regresen a sus cuarteles.

Aquí viene el primer problema, este punto del documento –el más extenso e importante, a mi parecer– solo menciona eso de las policías, lo mal que están. En el Plan no se traza una ruta para mejorar su situación a mediano plazo, para que con ello las instituciones castrenses puedan dejar de realizar labores que no les corresponden. Contrario a ello, el punto 8 del Plan establece la creación de una Guardia Nacional que se conformará a partir de elementos de las policías naval y militar, además de personal de la Policía Federal, algo así como una especie de Gendarmería 2.0, pero en el mando estaría personal militar del ejército y de la Marina en el caso de zonas costeras.

Este nuevo cuerpo de elementos de seguridad se encargaría de prevención del delito, preservación de seguridad pública y el combate a la delincuencia en todo el país. Militares y civiles entrenados por militares, haciendo labores de seguridad pública y, por si no fuera suficiente, bajo el mando de más militares. La perpetuación de lo que se criticó antes.

Lo que esto muestra es que la participación militar seguirá. Bien, lamentablemente, dadas las circunstancias, aún es necesario. El problema es que al no contemplar una forma de mejorar las corporaciones de seguridad civil y mencionar reformas constitucionales, al parecer esta vez la estrategia llegó para quedarse, al menos por otros seis años. Un sexenio más de militares en las calles. Un sexenio más donde gracias a la presencia de las fuerzas federales, los estados y municipios seguramente se seguirán haciendo de la vista gorda y mantendrán a sus cuerpos policiacos en las condiciones que están, las cuales siguen así desde hace 12 años, como el mismo Plan lo menciona. Un sexenio más y veremos qué se propone en 2024.

Pero bueno, aquí el problema no es seguir con las FF.AA. enfrentando la delincuencia, sino institucionalizarlo y quererlo hacer de manera permanente, aun con la cantidad de señalamientos por violaciones a los derechos humanos que las tres corporaciones de seguridad que integrarán la Guardia (Ejército, Marina y Policía Federal) tienen en su contra. Aunque todo mundo refiere a las fuerzas armadas, ni siquiera una autoridad civil como la PF se salva, ya que desde 2015 ha tenido más quejas sobre acciones contrarias a las garantías individuales que el mismo ejército, según informes de la CNDH.

En cuanto a las FF.AA., si bien la cantidad de quejas en su contra ha disminuido considerablemente en los últimos años, aún se encuentran muy por encima de los números que mostraban antes de 2007 (año en que se cimentaba su participación en tareas de seguridad pública). Las cifras aún mayores hasta en un 100% o más, de ahí la preocupación de no pocos por la idea de que esta estrategia sea permanente.

No es algo que no conozcamos, el tener a fuerzas castrenses en las calles, al contrario, llevamos prácticamente dos sexenios conviviendo con ello y sabemos del riesgo que implica; pero también de la necesidad de continuarlo, hasta que las corporaciones civiles mejoren; aunque tendrá que ser con una mayor vigilancia y mayores sanciones a los abusos cometidos, los derechos humanos deben ser prioridad en un sistema de seguridad militarizado, como el que se planea instaurar. Lo bueno de esto, es que sí está contemplado en el Plan, lo malo es que muchas veces las cosas solo quedan en el papel. Esperemos no sea el caso.