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La Corte, el Pacto por México y la publicidad gubernamental

Ciudad de México.- La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la Primera Sala, resolvió un litigio por demás complicado en el que ordena, sí que ordena, al Congreso de la Unión expedir una ley –la de Publicidad Gubernamental- y le da hasta el 30 de abril del año entrante para hacerlo.

Pero, ¿cómo llegamos a que un Poder le dé órdenes a otro Poder del Estado? ¿Qué implica? En el Pacto por México, lo que le urgía al gobierno entrante del presidente Enrique Peña Nieto era, por un lado, ganar legitimidad y, por el otro, generar la impresión a nivel nacional e internacional de que estaba dispuesto a cambiar muchas cosas anquilosadas.

En este contexto surge el pacto a través del cual el gobierno federal sacó muchas reformas antes inimaginables: educación, energética, electoral, fiscal y de telecomunicaciones. Sin embargo, para sacar estas reformas y ‘tomarse la foto’, le dieron a cada uno de los integrantes del Pacto por México (PRI-PV, PAN y PRD) una parte de la redacción de cada reforma.

Así, si bien todos se sintieron parte del proceso legislativo al ver sus respectivos párrafos incluidos, la verdad es que las reformas están llenas de contradicciones y el tiempo, vía tribunales, empieza a causar efecto en las mismas. Así, por lograr sacar las reformas de manera expedita e incluyente, se sacrificó la pulcritud y el orden en éstas. Recientemente, la SCJN, pero la Segunda Sala, le dio un severo golpe a la reforma en telecomunicaciones al cambiar los esquemas de interconexión entre telefónicas. Y la semana pasada, la Corte dio otro gran golpe a los productos del Pacto por México al declarar una “omisión legislativa” en la publicidad oficial. 

En 2013-14, sentados en la mesa del pacto, en particular el PRD quería cobrarles a los medios de comunicación su supuesto apoyo al entonces ganador Enrique Peña Nieto. Para ello, se asesoraron de las legislaciones que se habían aprobado en Venezuela y Argentina.

Su objetivo era poner a prueba la voluntad del recién llegado régimen priísta y distanciarlo de los medios de comunicación. Primero, hicieron una serie de reformas de reformas que afectaron a la radio y la TV. Y después, vía el artículo 134 constitucional, le dieron un plazo al gobierno para expedir una ley de propaganda o publicidad oficial. El término que le dieron para tenerla lista era abril de 2014, pero las propuestas formales e informales que se hacían eran muy costosas para el gobierno y provocarían un rompimiento con todos los medios de comunicación, justamente lo que el PRD, sus “aliados” del pacto, buscaban. El gobierno federal y los legisladores priístas sencillamente dejaron pasar el tiempo y, a tres años de distancia, incumplieron una disposición que habían acordado y votado en la Constitución. Ahora, luego de dos años de amparos de la asociación Artículo 19, la Corte les da la razón y establece que “cuando la Constitución establece un deber de legislar respecto de un tema específico a cargo del Legislativo deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio”. Traducido: no pongas en la Constitución cosas que luego no vas a cumplir, así que ahora la Corte ordena que en los siguientes cinco meses el Congreso legisle al respecto y con ello se acabe el régimen de casi absoluta discrecionalidad entre gobiernos (federal, estatal y municipal) y los medios de comunicación.

Pueden pasar aún muchas cosas. Por ejemplo, el Congreso podría someter a votación una ley, pero si no se juntan los votos suficientes sería difícil sancionar a los legisladores de desacato, pues cumplirían poniendo a votación la Ley de Publicidad y ni modo de inventarse votos inexistentes. Ahora bien, la decisión de la SCJN es novedosa pues sigue perlando el sentimiento de que la Corte está por encima del Congreso. Aquí la Corte tiene razón, en otros casos pienso que no la ha tenido y el riesgo es que, de llegar un gobierno autoritario que no tenga mayoría en el Congreso de la Unión, con tomar el control de la Corte tendría en los hechos el control del Congreso también, con lo que los fallos de la Corte, aunque hacen cumplir la Constitución, la ponen en una situación de vulnerabilidad frente a la clase política.