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La criminalización de la CNTE

Desde que Enrique Peña Nieto arribó a Los Pinos luego del fraude electoral de 2012, se pusieron en marcha una serie de “reformas estructurales⬝ y “necesarias⬝, decían desde el “gobierno⬝, para modernizar a nuestro país. En el origen de las discusiones sobre las temáticas, solo aparecía un consenso: la necesidad de reformar muchas áreas de la vida nacional. Cambiar la manera de hacer política y gobernar a la ciudadanía. Es decir, había acuerdos sobre el qué hacer, pero muchos desencuentros sobre el cómo hacerlo. Ese es el contexto donde se origina la severa crisis por la que hoy atraviesa el sistema educativo de nuestro país, y la criminalización de los docentes contrarios a la reforma educativa. Es una situación que ha desbordado por doquier e inundado diversas esferas de la política nacional.

Como una primera acción emprendida desde el despacho de Educación, Aurelio Nuño, miembro del circulo cercanísimo del “presidente⬝ Peña Nieto y hasta hace unos días suspirante férreo a la presidencia de la República, difundió un proyecto “educativo⬝ sustentado en siete prioridades: el fortalecimiento de las escuelas, la inversión de al menos 50 mil millones de pesos en infraestructura para dignificar el trabajo educativo de alumnos y profesores, revisión y transformación de planes y programas de estudio, fomento al desarrollo profesional docente, inclusión y equidad, vinculación de la educación con el mercado laboral, y varios cambios administrativos en el sistema laboral.

De forma paralela se comenzó a insistir que la reforma educativa estaba centrada en el proceso enseñanza-aprendizaje y en la necesidad de replantear nuevas estrategias didácticas, así como modernizar la infraestructura educativa y otorgar condiciones dignas de trabajo a los docentes. Lejos de ello, la reforma educativa comenzó a mostrar su verdadero rostro: una reforma laboral que permitiera no la mejora en la enseñanza, sino el despido de cientos de profesores incómodos para el sistema.

Como era de esperarse el ala más combativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aglutinados en el Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se resistió a la reforma y comenzaron las movilizaciones. Lejos de del diálogo y el entendimiento, el “gobierno⬝ a través del secretario de Educación Pública comenzó la embestida judicial y mediática en contra de maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, principalmente. Así, se libraron órdenes de aprehensión contra varios activistas con cargos que van desde el robo de libros de texto gratuitos, el lavado de dinero, el desvío de enormes cantidades de dinero, y el homicidio. Como resultado de esta política fueron detenidos Rubén Núñez y Francisco Villalobos, dirigentes de la Sección 22 de la CNTE.

En el fondo lo que se pretende con la reforma es doblegar a la CNTE y mantener el dominio del cómplice SNTE para la paulatina privatización de la educación y el control corporativo de los profesores. Desde el encarcelamiento de la ex líder Elba Esther Gordillo, que no le faltan acciones para estar presa, la idea del “gobierno⬝ fue manejar al sindicato. Si Gordillo hubiese aceptado jugar el papel que le pedían desde Los Pinos y hubiese apoyado a Peña Nieto en la campaña electoral, seguramente hoy su situación sería completamente diferente. Si dudan, preguntémosle a Juan Díaz, un líder sindical a modo al frente del más grande sindicato de América Latina. El gobierno priista quiere evitar entre otras cosas, una sorpresa como los votos recibidos por Nueva Alianza en la elección de 2012.

Los sucesos en Oaxaca el fin de semana pasado, que ocasionaron once muertos y un centenar de heridos, son consecuencia de la falta de diálogo y del doble discurso gubernamental en cuanto al sentido de la reforma, es decir, por un lado se insiste que la reforma es educativa, y en la práctica es laboral alejada de la realidad docente.

A no dudar, : por un lado, el gobierno está renuente a modificar la reforma educativa; y por otro, la CNTE se encuentra en un camino de no retorno si no consigue lo que quiere. Si el “gobierno⬝ peñista llega a Bucareli con la idea de dialogar para establecer el precio de la rendición de la CNTE, los resultados serán de pronóstico reservado.