Monitor Nacional
La crisis de las antenas en México
Opinión | Javier Tejado Dondé
17 de noviembre de 2015 - 8:02 am
Antenas-MN
A nadie le gusta tener cerca de su casa antenas emisoras de señales de radio, de televisión, ni de telefonía móvil, pero la realidad es que éstas son muy necesarias para una adecuada comunicación.

En México existe una crisis de antenas. A nadie le gusta tener cerca de su casa antenas emisoras de señales de radio, de televisión, ni de telefonía móvil, pero la realidad es que éstas son muy necesarias para una adecuada comunicación. Con más antenas se evitaría la ‘caída’ de llamadas en los celulares, los equipos móviles y tabletas ahorrarían batería teniéndolas cerca, y los equipos de radio y TV tendrían mejor recepción. Sencillamente, existiría una mejor comunicación.

Particularmente, en estas semanas —y a falta de más espectro para la telefonía móvil— ha habido un movimiento de varios operadores telefónicos para que se les facilitara la instalación de más antenas en varias ciudades del país, particularmente en el área metropolitana de la Ciudad de México.

Las empresas de telefonía móvil que operan en México ven con agrado la campaña —y sus resultados— que ha organizado desde el año pasado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, la cual se titula: “Antenas Buena Onda” y que a través de spots en radio, TV y desplegados en la prensa trata de sensibilizar a la población sobre el importante “rol que cumplen las antenas de telefonía móvil en el desarrollo social y económico del país”.

La infografía de la campaña (www.antenasbuenaonda.pe) aborda las dudas más comunes de la población. Señala que las antenas no causan cáncer y que su potencia es menor a la de un microondas o un foco de luz, que su nivel de radiación es 500 veces menor al recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

La campaña también da cuenta de que en Perú se necesitan 14 mil nuevas antenas y señala que en Lima apenas hay 3 mil 500 antenas, mientras que en otras ciudades equivalentes, como Santiago de Chile o Sao Paulo hay más antenas: 8 mil y 12 mil 800, respectivamente. La información oficial en Perú indica que “la distancia máxima entre un celular y la antena debe ser de 1 Km.”.

La campaña peruana “Antenas buena onda” no sólo ha sido exitosa, también ha permitido a Perú federalizar todos los permisos de estas antenas para mejorar la comunicación en el país.

En México, hay pocas antenas y cada antena tiene parámetros y tamaños distintos. Pero sobre todo, la instalación de antenas en nuestro país siempre ha requerido la autorización de uso de suelo y de construcción por parte de las autoridades locales.

De hecho, en su artículo 5º, la Ley de Telecomunicaciones, aprobada apenas en julio de 2014, reitera que la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión debe de respetar “las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano”.

Precisamente por tanta autorización requerida y burocracia es que las empresas de telefonía móvil en el país —Telcel, Telefónica, Nextel y Iusacell (estas dos últimas ya AT&T)— estaban pujando por la federalización de todos los permisos para antenas de telecomunicaciones, con lo que evitarían lidiar con autoridades y criterios disímbolos en más de 2 mil 500 municipios y en las 16 delegaciones en la Ciudad de México.

La idea estaba fluyendo con éxito, hasta que sucedió el deslave en un talud en la zona residencial de Santa Fe, en donde autoridades de la Ciudad de México han apuntado como co-responsable a American Tower, una de las principales operadoras de torres en México y en el mundo. Incluso, el gobierno delegacional en Cuajimalpa, han señalado que en su archivos no hay autorización alguna para la instalación de esta antena que estaba al borde de un talud y sin las obras de soporte adecuadas. Por su parte, American Tower, empresa que cotiza en la bolsa de valores de NY, en una comunicación poco transparente y atípica para una empresa pública señala que sí tiene los permisos, pero que no los puede mostrar.

Con esto, un proyecto que hacía sentido en el país parece estar muriendo pues ningún gobierno local, ningún legislador federal e incluso tampoco el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) querrán dar un cheque en blanco a las empresas que instalan/operan antenas ahora que se revela la poca transparencia con que operan y el riesgo en que pueden poner a los habitantes y al patrimonio de muchas ciudades en México.

Con ello, por lo menos en el tema de la instalación de antenas, ahora hasta Perú nos llevará la delantera, como ya nos la lleva Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Londres y Japón.

Así, mientras en Perú se hace un intento por tener antenas “buena onda” las de México parecen apuntar a unas “mala onda”, en todo el sentido de la palabra.

Cambiando de tema…. *Dudas sobre el Multón a Telefónica: El IFT, por fallas en la calidad del servicio, impuso a la empresa española una multa por $410 millones de pesos luego de que su servicio fallara en reiteradas ocasiones en León, Guanajuato. Ante las fallas constantes de todos los operadores de telefonía móvil, suena bien que sean sancionados y que tengan que mejorar su infraestructura. Sin embargo, de este proceso sancionatorio surgen dudas al saberse que las fallas están geo-referenciadas a la zona y días en donde se desarrollaba la “Feria de León”, con lo que había una población visitante que rebasaba 30% a los habitantes de la Ciudad. ¿Ahora se va a pedir que todas las empresas telefónicas cumplan con métricas de calidad incluso en situaciones anormales y ajenas a ellas?

De ser este el caso —y dado que cada multa es del 1% de los ingresos de cada operadora telefónica— si el IFT midiera la mala calidad de las señales en la zona del Estadio Azteca o en las inmediaciones del Foro Sol (cuando hay eventos y se juntan decenas de miles de personas) podría quebrar a cualquier empresa telefónica.

Sobre todo dado que las empresas sancionadas tienen que garantizar el pago de las millonarias multas al haberse eliminado la suspensión (en Amparo) en materia de telecomunicaciones.

El IFT debe ser muy cuidadoso en la aplicación de estas sanciones pues tiene en sus manos un instrumento que pudiera ser, en casos, excesivo.

Este tema va ya camino a los tribunales especializados y eventualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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