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La desaparición forzada en América Latina

Constantemente escuchamos el término “desaparición forzada” en diferentes noticias o artículos y nos parece tan común escucharlo que pocas veces reflexionamos sobre lo que realmente significa. La ONU define la  desaparición forzada como la situación en la que una persona es arrestada, detenida o trasladada contra su voluntad, ya sea por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados, o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo. Además de esto, los secuestradores se niegan a revelar el paradero de estas personas o reconocer que están privadas de su libertad, por lo cual se ven despojadas de la protección de la ley. En América Latina esta práctica comenzó a ser utilizada durante las dictaduras militares, sin embargo, hoy en día se siguen perpetuando en situaciones complejas de conflicto como un método de represión política.

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) sostiene que el objetivo de estas desapariciones, además de la captura de la víctima, es crear, desde una posición de anonimato e impunidad, un estado de incertidumbre y terror no sólo para la familia de la víctima sino en la sociedad entera. De esta forma, los familiares de las víctimas se ven abandonados en una inmensa incertidumbre e inseguridad en la que no se sabe qué hacer ni con quién ir para intentar encontrar a sus desaparecidos.

Colombia cuenta con la mayor cifra de desapariciones forzadas debido a su conflicto armado, pese a los acuerdos de paz de 2016 entre el Gobierno Colombiano y las FARC. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sostiene que existe un total de 82,998 personas desaparecidas a julio de 2018.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en México existen 36,265 personas cuya desaparición ha sido denunciada hasta mayo de 2018. El estado con más desapariciones es Tamaulipas con 5,990, siguiendo el Estado de México con 3,890 y Jalisco con 3,362. Es tan grave la situación en México que en mayo de este año, la ONU exhortó al Gobierno de México a poner fin a la ola de desapariciones forzadas.

En Argentina, el gobierno cuenta con un portal dedicado al seguimiento de hechos de violencia institucional desde la instauración de la democracia en 1983. Este portal muestra que desde ese año hasta junio de 2018, ha habido sólamente 9 desapariciones forzadas, sin embargo, organismos de derechos humanos consideran que han sido 15 desde 1990 hasta 2017. Cabe mencionar que en el caso de Argentina durante la dictadura militar la cifra llegó a los 30,000 desaparecidos.

En Perú, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cifró en abril de 2018 que durante el periodo de 1980 a 2000 fueron desaparecidas forzosamente la cantidad de 20,329 personas.

En Guatemala, según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), entre 1966 y 1993 se registraron 45,000 casos de desaparición forzada. Además se estima que la mayoría de los desaparecidos eran jóvenes de entre 18 y 23 años.

La FEDEFAM señala que en la desaparición forzada se acumulan una serie de violaciones a los derechos humanos, ya que se viola el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, el derecho a ser reconocida ante la ley, el derecho a la defensa, el derecho a no ser arbitrariamente detenido, y el derecho a no ser sometido a la tortura. En este sentido, se puede decir que la desaparición forzada es uno de los crímenes más inhumanos que existen, y ésto es cuando lo analizamos sólamente desde el punto de vista de la víctima, pero la desaparición forzada tiene un mayor alcance.

Al visualizar todas las consecuencias que se derivan de las desapariciones forzadas se puede analizar que estas desapariciones tienen un impacto negativo en la vida, no sólo de la víctima, sino también sobre las familias de las víctimas que viven en una constante desesperación y agonía por encontrar a sus seres queridos. De igual forma, las desapariciones forzadas influyen en la sociedad creando un contexto de terror y represión que afecta la calidad de vida de la sociedad y los condiciona a la autocensura limitando su libertad de expresión. Así, podemos darnos cuenta que todas y todos somos víctimas de la desaparición forzada en nuestro país y toda la región latinoamericana.