Monitor Nacional
La incertidumbre de los “dreamers” y DACA, ante la presidencia de Donald Trump
Internacional | Redacción
25 de abril de 2017 - 12:59 pm
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El futuro de los “dreamers” vislumbra un año de gran incertidumbre en espera a la decisión que Trump tome en el 2018

Por Braulio Michel Fausto González

Desde que el ex presidente Obama anunciara en 2012 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés); y en 2014 la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales (DAPA, por su sigla en inglés), el futuro incierto de millones de indocumentados contempló una pequeña oportunidad para establecerse legalmente, por un periodo de tiempo, en los Estados Unidos. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, el futuro de millones de familias puede cambiar en cualquier momento.

DACA y DAPA son el producto del rechazo a la Reforma Migratoria presentada durante el primer mandato del ex presidente Obama. Estos programas que buscaban brindar protección, a los hijos de inmigrantes ilegales que llegaron siendo menores de 16 años de edad a Estados Unidos, y a los padres inmigrantes ilegales de ciudadanos o residentes estadounidenses (DACA y DAPA, respectivamente), de ser deportados y contar con un permiso de trabajo (principalmente); enfrentaron desafíos desde sus inicios. En 2014, recién aprobada DAPA, 26 estados demandaron la iniciativa al considerarla un intento de modificación a la Ley de Inmigración; logrando que la Corte Suprema la congelara e impidiendo su implementación. Sin embargo, DACA logró pasar el fallo de la corte y a cinco años de estar en funcionamiento, se ha logrado beneficiar a más de 750,000 jóvenes.

Al ser DACA y DAPA productos de una Acción Ejecutiva, es facultad del presidente decidir si continúan vigentes o se derogan. En campaña, Donald Trump había prometido que eliminaría DACA una vez llegara a la presidencia; pero una vez tomada posesión, suavizó el tono de su discurso y prometió que “trabajará algo” para los “dreamers” (como se les conoce a los jóvenes beneficiarios del programa). Al estar congelada DAPA, el hecho de no intentar salvar la iniciativa habla del poco interés que tiene en regular el estatus migratorio de millones de personas adultas.

Uno de los principales problemas que enfrentarían los más de 750,000 beneficiarios de DACA, y los otros tantos miles de jóvenes candidatos al programa, va más allá de la deportación misma. Cuando se habla de DACA estamos hablando de esos niños y niñas que, sin su consentimiento, fueron llevados a Estados Unidos; por lo que pocos de ellos si quiera recuerdan cómo era su ciudad natal, o simplemente no se sienten identificados con los valores y costumbres de su país de origen. El problema mayor que pudieran enfrentar, si Trump deroga la acción ejecutiva y son deportados, es familiarizarse con el modo de vida de sus países de origen. Más allá de “regresar a su país de origen”, enfrentarían un proceso lento y difícil para que ellos vuelvan “a los orígenes”.

Este problema, sin duda, será visto por la administración republicana como un gancho político para ganar el voto latino si es que Trump está pensando gobernar dos periodos. La decisión que al final tome, ya sea derogar la acción o renovarla, beneficiará de cualquier modo su campaña política. Por un lado, si Trump decide renovar DACA, el voto latino pudiera inclinarse a su favor al mostrarse interesado en la protección de los “dreamers”; y por el otro, si decide derogarla, aquellos incrédulos que no estuvieron tan seguros de votar por Trump en las pasadas elecciones por dudas que tenían de que cumpliría sus promesas, podrán inclinar la balanza a favor del mandatario estadounidense. Los escenarios para los “dreamers” sin duda no son tan positivos con ambas decisiones. Con la primera, asegurarían por un periodo más su permanencia en el país, así como trabajar y estudiar legalmente en el país; y por el otro, correrían el riesgo de ser deportados en cualquier momento y nunca poder volver.

La información de miles de beneficiarios se encuentra en manos del gobierno estadounidense; y en cualquier momento, puede ser compartida al Departamento de Seguridad Nacional y empezar a utilizarse en contra de los estatutos del programa (dicho de otra manera, pudiera utilizarse para fines policiales o de deportación). Por ello, es necesario que el Congreso trabaje en una ley que garantice la prohibición del uso de datos confidenciales para fines no establecidos en los programas. Pero para esto, debe de haber interés, y con mayoría republicana, puede que sea muy poca.

Los temas de política migratoria nunca han sido abandonados de la agenda de ningún presidente de Estados Unidos, y en esta ocasión menos lo serán. La preocupación, por esta y otras decisiones que Trump pueda tomar en los próximos meses, en contra de grupos de inmigrantes ilegales, empezará a definir la próxima campaña política del mandatario. Mientras tanto, la comunidad inmigrante ilegal en el país vecino debe seguir informada de cualquier cambio que DACA y otros programas puedan sufrir, para estar preparados ante cualquier situación.

El futuro de los “dreamers” vislumbra un año de gran incertidumbre en espera a la decisión que Trump tome en el 2018 con la renovación de DACA. El futuro de muchos de ellos será definido por los intereses políticos y electorales del presidente en turno. Hasta que no haya un proyecto de Ley que garantice protección a este y otros grupos vulnerables de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, la pregunta que seguirá rondando en la cabeza de todos los que fueron llevados de su país de origen en búsqueda de mejores oportunidades será la misma: ¿cuándo, el lugar que me vio crecer, y con el que me identifico, dejará de perseguirme?

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