Ver más de Espectro

La Subse Maravilla

Mónica Aspe dejó una importante carrera en la iniciativa privada —en donde hizo consultoría y dirigió a la industria de la radiodifusión mexicana— para ingresar al sector público en 2011 y encargarse, en la SCT, de la Coordinación de la Sociedad de la Información, un puesto de mediano nivel y sobre el que había dudas de que pudiera tener logros significativos, pero vaya que los tuvo: conectó internet a 65 mil sitios públicos como escuelas, hospitales, bibliotecas, centros comunitarios y universidades, recibiendo ese programa un premio por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones al mejorar la conectividad de 15 millones de personas.

Más tarde, en un movimiento considerado natural, trató de formar parte del recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero criterios de selección política impidieron que fuera parte de la primera ronda de reguladores autónomos.

Sin embargo, una vez que el entonces subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Ignacio Peralta, renunció para aspirar a la gubernatura de Colima, Mónica Aspe fue designada —luego de una larga espera— como su sucesora. La espera, de tres meses, dio pie a especulaciones de que el gobierno federal pensaba ahorrar plazas y desaparecer la Subsecretaría de Comunicaciones, lo que era lógico pues el grueso de las funciones de la misma habían pasado al IFT, quedando en la SCT únicamente tres: el coordinar el apagón de la TV analógica, el desarrollo de la Red Compartida mayorista y la operación de la red de telefonía encriptada del gobierno federal (la “red presidencial⬝).

Los dos primeros temas, concebidos como acuerdos políticos del Pacto por México e insertados en la Constitución con calzador, parecían imposibles de cumplir y el tercero irrelevante administrativamente.

Contrario a lo que la experiencia internacional apuntaba, el apagón de la TV analógica en México, si bien sufrió retrasos y se gastó mucho dinero para dotar de 10.3 millones de televisores digitales a personas de escasos recursos, hay que decir que salió bastante bien. Un éxito desde la perspectiva gubernamental. Además, hubo una buena coordinación con la Sedesol —dependencia encargada de hacer los padrones de beneficiarios de las TV— y la subsecretaria Aspe logró también conducir exitosamente en este proceso la relación con el IFT, lo que rompió una tradición de conflictos interinstitucionales entre la SCT y los reguladores de telecomunicaciones en México desde 1996.

Incluso, es cierto que la recuperación de telehogares en México, hasta ahora, está siendo más rápida que en otras partes del mundo.

Está el caso de Monterrey, una de las primeras ciudades en apagar la TV analógica y en donde se quedaron sin TV unas 500 mil personas, pero, a dos meses del apagón, el número de hogares con TV digital ya igualó a los que había en la era analógica. Si bien cálculos extra oficiales apuntan a que se quedaron unas 9 millones de personas sin acceso a señales de TV, (menos de la mitad de lo que se esperaba) lo sucedido en Monterrey apunta a que la sustitución de equipos analógicos por digitales está realizándose de manera expedita. Con ello, el primer gran reto de la subsecretaria Aspe quedó librado con creces.

El segundo gran reto que tiene es llevar a buen puerto la llamada Red mayorista, lo que parece más complicado de lograr que el apagón analógico, y es que garantizar la instalación de una Red —entre el gobierno y la iniciativa privada— que impulse el acceso de la población a la comunicación de banda ancha (internet) y a los servicios de telecomunicaciones parece complicado por tres razones:

Primero, porque desde la Constitución se estableció que quien resulte ganador no puede comercializar directamente sus servicios con usuarios y su función será una de intermediación.

Segundo, porque se trata de un proyecto difícil de aterrizar y del que la experiencia internacional, además de escasa, no es favorable. Ejemplos de estos sólo hay en Argentina, y el nuevo gobierno ya lo canceló; Rusia y Kenia, donde los proyectos se abandonaron por incosteables, y en el único que queda, Ruanda, la cobertura es hasta ahora incipiente.

Y tercero, porque no será fácil generar el interés de inversionistas en una red que enfrenta diversos aspectos regulatorios y operativos que pudieran sonar poco atractivos, como: (I) que el operador debe trabajar en asociación con el gobierno mexicano, pero asumiendo el privado todo el riesgo de las inversiones, del despliegue y de la operación de la red; (II) debe conseguir por su cuenta todas las autorizaciones, permisos, licencias y derechos de vía necesarios por parte de las autoridades locales y (III) debe desplegar una red de tecnología avanzada 4G LTE y arrancar su operación a más tardar en marzo de 2018.

A pesar de ese panorama adverso, la subsecretaria ha logrado construir un proyecto que, dicen, ha interesado a un centenar de inversionistas. El inicio de éste se formalizó la semana pasada cuando la SCT publicó la convocatoria internacional para la “Red Compartida Mayorista⬝. Hay que destacar que la subsecretaria cumplió cabalmente con la letra de la Constitución y no cayó en la fácil tentación de permitir negocios irregulares a quien resulte ganador mediante el subarriende de espectro radioeléctrico, lo que hubiera sido desleal con los operadores ya establecidos en México.

Lo único medianamente criticable del proyecto de Red Compartida es que ante la búsqueda de incentivar la participación privada, se redujo el porcentaje de localidades menores de 10 mil habitantes que deben de cubrirse, pero aún con estos incentivos parece complicado atraer a un inversionista serio y que dé garantías suficientes que puedan cumplir con objetivos sociales y de cobertura.

Mónica Aspe ya ha logrado sorprender al dar coherencia a los trabajos de la Sociedad de la Información y más recientemente al apagón de la televisión analógica. En ambos temas ha hecho portentos, así es que no conviene apostar en su contra.

Eso sí, la subsecretaria podría ser víctima de sus propios éxitos pues al haber concretado en tiempo y forma el “apagón⬝ y en caso de llegar a tener éxito en colocar la Red Compartida, las responsabilidades relevantes de su Subsecretaría habrán terminado, quedando sólo la irrelevante supervisión de la red presidencial.

Como sea, Mónica Aspe es noticia pues ha sido de los contados funcionarios que han cumplido objetivos de política pública, apostando en el camino a la coordinación entre dependencias y al diálogo con la iniciativa privada. En un sector público demeritado, tener funcionarios como ella es una maravilla para el Estado mexicano.