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Lo que Belinda quiere de AMLO

En la exitosa serie de Luis Miguel, que transmite Netflix, nos hemos enterado que el cantante tenía fuertes adeudos con la autoridad hacendaria y que no fue a la cárcel sólo por un préstamo que le habría dado el empresario Jaime Camil. De este momento ya pasaron tres décadas. Pero a la fecha, los cantantes y artistas son constantemente blanco de la autoridad hacendaria. Algunos casos muy sonados son los de Juan Gabriel, Laureano Brizuela, Paulina Rubio, Paquita la del Barrio, Lupita D’Alessio y Adal Ramones, entre otros. Esto, por dos motivos: muy a menudo sus finanzas son mal llevadas por sus managers o contadores. Pero también, dada su fama, la autoridad hacendaria los usan como ejemplos para que el resto de los contribuyentes pague a tiempo.

Recientemente, un caso muy sonado es el de la cantante-modelo Belinda Peregrín Schüll. Ella habría pagado millones de pesos, en efectivo, a sus tarjetas de crédito para saldar cuentas de compras y viajes personales, lo que encendió, hace cinco años, las alarmas del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Según varias juntas celebradas con ella, aceptó haber realizado los millonarios pagos (pensando que no quedarían registrados) y culpó a su contador de la defraudación fiscal. En estas juntas, Belinda era acompañada por su padre, Ignacio Peregrín, quien hace unos años, jugaba también el papel de manager.

En ese entonces, la autoridad hacendaria estaba pidiendo, incluso, prisión para ella, pero la Procuraduría General de la República, para evitar un conflicto mediático, propuso firmar unos convenios para ir pagando la deuda: millones de pesos en ingresos -el grueso producto de conciertos y palenques- no reportados.

La artista, quien durante años de su niñez y adolescencia estuvo en Televisa, logró conocer y hacer amistad con varios inquilinos y funcionarios, tanto de Los Pinos como de varias dependencias federales. Gracias a su red de relaciones, logró diferir la firma del convenio con el SAT y seguir sin pagar los impuestos adeudados.

Más recientemente, la artista cambió de “bando” y primero apareció en redes sociales portando una camisa de Morena, para luego estar en el cierre de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca y posteriormente intentó acceder al escenario instalado en el Zócalo, en donde López Obrador daba su discurso de victoria la noche del 1 de julio (leer crónica de Carlos Loret del 3 de julio en EL UNIVERSAL).

Este cambio de “bando” ha molestado mucho a sus (ex) amigos y funcionarios que le habrían brindado años para regularizarse fiscalmente. Los adeudos, ya con recargos y multas, superarían los 20 millones de pesos.

El cambio por el que la sociedad mexicana abrumadoramente votó -y que favoreció a Morena- fue para acabar con los privilegios indebidos y la corrupción. Morena y el PT aún no inician la transición de gobierno y no tendrían por qué conocer los detalles de este caso, pero valdría la pena que lo tengan en su agenda para evitar que en unos meses sean sorprendidos.

Ojalá que el caso de Belinda sea uno de ejemplo y pague impuestos, al igual que lo hace el resto de los contribuyentes. Sería una mala señal que se le permitiera seguir utilizando su cercanía con el poder para continuar teniendo un trato preferencial.

Cambiando de temas, van nuevas reglas para medios de comunicación, comunicadores y periodistas:
* Réplica contra lo que digan las autoridades: la Ley de Réplica de 2015 establece que los medios (TV, radio, revistas, periódicos, portales, etcétera) no tenían por qué dar derecho de réplica cuando su información versara sobre “información oficial”. El Congreso pensó que, al ser información proveniente de autoridades, ésta se tendría que dar por buena. Por ejemplo, cuando se informa de la detención de alguien, o la clausura o imposición de alguna multa a X o Y empresa.

Pero, la semana pasada la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside la ministra Norma Piña, ordenó un cambio radical: los medios sí deberán dar réplica a los quejosos cuando la información que provenga de cualquier autoridad sea falsa o inexacta (y genere un agravio). Esto se resolvió en el Amparo que la revista Proceso interpuso contra la Ley de Réplica (Amparo 1012/2016).

Esto es una buena noticia para los medios, pues si cualquier autoridad (federal, estatal o municipal) le da información equivocada o truqueada para golpear mediáticamente a alguna persona física o moral, éstos pueden acceder al mismo espacio para corregir lo dicho. Sencillamente, la resolución de la SCJN evita que pueda resurgir un Estado que utilice a los medios para golpear a sus detractores, oponentes o rivales.

La medida también obliga a las autoridades a cuidar la información que emiten, o de lo contrario, ningún medio va a llevarla en sus espacios, si por llevarla son objeto de procesos de réplica. Es, como se le quiera ver, una decisión de la mayor relevancia y se la debemos a la revista Proceso.

* Protección ampliada a periodistas: hace cuatro semanas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside Janine Otálora, aprobó una jurisprudencia (la 15/2018, Protección al Periodismo) en la que señala que los “periodistas y su labor gozan de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública y por ende se presume lícito su actuar y debe de proteger su actuar”. Con este precedente, los partidos políticos no pueden usar en sus spots imágenes de periodistas, como indebidamente el PAN usó la de Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva. O, en su caso, tampoco pueden los partidos y candidatos usar logos de empresas de comunicación para su propaganda como también Acción Nacional usó de manera indebida, en algunos de sus spots, el logo de Foro TV. El Tribunal, por conducto del magistrado Felipe de la Mata, sentenció que los partidos no pueden utilizar logos de empresas que se dedican al periodismo “para no confundir al electorado, ya que se brinda una información con el punto de vista del partido (y no del medio de comunicación)”.

* Los nuevos ricos de la política: los resultados electorales también cambiaron qué partidos reciben más prerrogativas públicas (dinero y spots gratuitos en radio y TV). El gran ganador es Morena, que apenas formado hace cuatro años, será quien más dinero reciba. Para 2019, Morena recibirá 1,557 millones de pesos; en 2018 recibió 414 millones, así que tuvo un incremento de 376%. En cambio, el PRI, que recibió 1,094 millones en 2018, ahora apenas recibirá 800 millones.

Pero también los resultados y, en particular el número de curules obtenidos en la Cámara de Diputados, indican que, en las próximas elecciones federales para renovar el Congreso (en 2021), los aliados Morena y PT tendrán la súper mayoría de spots para radio y TV: se calcula que sean más de 6.3 millones de spots. El PAN tendrá 2.5 y el PRI apenas y llegará a los 2.4 millones.

Así que el poder de Morena y PT se sentirá no sólo en su número de legisladores y lo que éstos voten, sino también en los dineros y en el número de spots electorales.