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Los ex braceros: lucha contra el despojo

El fenómeno migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos no es nuevo, ni ha tenido el mismo comportamiento a lo largo de la historia. Desde sus inicios en los años posteriores a la guerra de 1847, muchas son las etapas por las que ha pasado con características propias. Uno de los periodos más importantes fue el vivido entre los años de 1942 y 1965 con la puesta en marcha del Programa Bracero que benefició a casi cinco millones de mexicanos quienes pudieron contratarse en el vecino del norte en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y más tarde, en el contexto de la guerra de Corea. El patrón migratorio que se formó se caracterizó por la masculinidad, circularidad, ruralidad, y la legalidad proporcionada por el Programa Bracero. Las condiciones propicias para llevar a cabo esta migración eran la urgencia de mano de obra en Estados Unidos y el excedente de hombres sin empleo en nuestro país. La participación del gobierno de Estados Unidos consistía en garantizar la vigencia del marco laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores, y por otro lado, las autoridades mexicanas se comprometían a mandar mano de obra “segura⬝ para garantizar la buena calidad de los trabajadores.

Sin embrago, las acciones del gobierno mexicano no terminaron ahí. Mientras duró el Programa, a los braceros se les retuvo 10 por ciento de su sueldo con la finalidad de crear un fondo de ahorro para su retiro, o bien, para cuando el programa terminase y tuvieran que regresar a nuestro país. El dinero retenido pasaba a resguardo de las autoridades mexicanas. Mal negocio para los migrantes. El dinero nunca fue entregado. Algunos funcionarios se lo robaron.

Al paso de los años os ex braceros comenzaron a movilizarse para exigir sus recursos. El gobierno de Vicente Fox hizo caso omiso de las demandas y el problema pasó a la administración calderonista y luego al “gobierno⬝ de Enrique Peña Nieto.

Finalmente, la juez segunda de distrito en materia administrativa, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, dictó la sentencia que obliga a la Secretaría de Gobernación a emitir una resolución favorable para que sean devueltos los recursos descontados durante el tiempo que laboraron en Estados Unidos. La sentencia es definitiva, y solo restaría esperar si el Ejecutivo federal la impugna en tribunales o no.

Algunas estimaciones afirman que el dinero retenido más los intereses generados en 65 años suman 5 billones 90 mil 231 millones de pesos, lo que, repartido entre 4 millones 678 mil contratos firmados en dicho programa, representa un aproximado de un millón 96 mil pesos para cada trabajador o sus beneficiarios. Esta cantidad es muy superior a los 38 mil pesos entregado a algunos ex braceros en el sexenio de Felipe Calderón.

La sentencia también ordena al “gobierno⬝ mexicano a crear un banco de datos con toda la información de los ex braceros y sus beneficiarios, a fin de saber quiénes tienen derecho al pago del fondo de ahorro.

La historia de los ex braceros es una más de las ofensas recibidas por nuestros paisanos a lo largo de su historia migratoria. Es la historia del despojo. En casi dos décadas del movimiento ex bracero muchos han muerto y otros más se encuentran viviendo una vejez que les impide continuar la lucha, incluso trasladarse a la Ciudad de México desde sus comunidades para reclamar su dinero.

Es urgente reconocer el aporte de nuestros paisanos en Estados Unidos y en nuestro propio país: allende la frontera, los mexicanos ayudan a mover la maquinaria económica del vecino del norte; al sur del río Bravo, la dolariza que envían a las familias remeseras oxigenan la precaria situación de millones de connacionales abandonados a su suerte por parte del “gobierno⬝ mexicano.