Monitor Nacional
Los minerales en conflicto
Un poco de cultura | Grecia Moya Sedano Camacho
27 de abril de 2017 - 1:43 pm
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La nueva administración de Trump, en su búsqueda de la grandeza perdida, ha decidido acabar con este particular legado de Obama y lo está haciendo en tiempo récord

“He hecho mucho. He hecho más que cualquier otro presidente en sus primeros 100 días”, se jactaba Donald Trump este martes al cumplirse ese número de días desde su toma de posesión como máximo mandatario de Estados Unidos. Alrededor de esto gira una lista de la cual el presidente Trump ha encontrado otras tantas maneras de amenazar los derechos humanos háblese de su país, o del resto del mundo. Dos de los puntos que aborda esa lista, reducida por Amnistía Internacional a un menor número, se refieren a que regresan los gobiernos llenos de amenazas para los derechos humanos y que hay un retroceso en las protecciones clave para los derechos humanos.

¿A qué me refiero con esto? Desde el 2003 ha sido muy renombrado el término “diamantes de sangre”, y se refiere a que son aquellos diamantes obtenidos en una zona de guerra y que se utilizan para financiar las minas, mediante el uso de esclavos o personas en régimen de semiesclavitud.
El desarrollo de prácticas como éstas son un ejemplo fáctico y conciso de la violación masiva de derechos humanos y de la existencia obvia de la esclavitud y el poder de las empresas transnacionales, el tráfico, las aduanas y las grandes marcas de moda. La ONU se ha pronunciado repetidas veces sobre este tema, pero las soluciones, aunque han sido significativas, todavía no llegan al centro del tema, que es la problemática política, cultural y legal del África y de las naciones pobres envueltas en este tema.

El de las industrias extractivas ha sido tradicionalmente uno de los sectores menos transparentes que existen en esta economía globalizada, ya de por sí opaca para el común de los mortales. Entiéndase por industrias extractivas los negocios y las empresas dedicados a “la exploración, la extracción, la comercialización, el procesamiento y otras actividades importantes relacionadas con el gas, el petróleo o los minerales”. Muchas de las empresas dedicadas a estos menesteres son multinacionales, es decir, su actividad trasciende fronteras. Pueden tener la matriz en Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, y operar (directa o indirectamente, a través de una subcontrata) en terceros países.

La presencia en un país de abundantes reservas de estas materias primas, por otra parte, constituye un poderoso incentivo para la corrupción de las élites o la acción de grupos armados, que pueden ganar enormes fortunas chantajeando con estos recursos. Así pues, los beneficios de su venta a menudo van hacia el exterior o se pierden por el camino, mientras que para las comunidades locales sólo quedan los daños de la contaminación medioambiental, la amenaza del desplazamiento forzoso o el silencio impuesto por los asesinatos selectivos y la represión.
Por el año 2010, dos años después de que estallara la Gran Recesión, la misma que obliga al gobierno estadounidense a rescatar a la banca a cargo del contribuyente, el presidente Barack Obama aprueba la Ley de Reforma de Wall Street, la cual también es conocida como la ley Dodd Frank. El fin de ésta, era proteger al consumidor de los desmanes del sector financiero, aportando mayores controles y fomentando así la transparencia empresarial.

Sin embargo, se aprovecha la idoneidad del momento para corregir las disfuncionalidades del mercado y luchar contra ello, de esta forma se incorporan las cláusulas que afectan directamente a las industrias extractivas. La primera de ellas era la sección 1504, que obligaba a las industrias estadounidenses del gas, el petróleo o la minería a hacer públicos los pagos que realizan a los gobiernos extranjeros para acceder a estos recursos previamente mencionados. Y la segunda, pero no menos importante, la sección 1502 que exige a las empresas que emplean de cuatro minerales concretos (oro, tungsteno, wolframio y tantalio), los cuales también son conocidos como 3TG por sus siglas en inglés y altamente demandados por las industrias electrónicas, a investigar y tomar las medidas necesarias si su procedencia se halla en las zonas en conflicto existentes en la República Democrática del Congo y los nueve países colindantes.

Ambas reglamentaciones impuestas por el gobierno americano, aun con sus debilidades, supusieron un gran avance a nivel mundial. No solo por dotar de carácter vinculante a las recomendaciones que hacía la OCDE sobre la diligencia debida, contribuyendo así al desarrollo legislativo de los principios de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; sino porque su aplicación hizo posible conocer mejor cómo funcionan las cadenas de suministro global de estas industrias, proporcionando la información importante tanto para la lucha contra la corrupción como para la concientización de los consumidores.

No obstante, la nueva administración de Trump, en su búsqueda de la grandeza perdida, ha decidido acabar con este particular legado de Obama y lo está haciendo en tiempo récord. Lo había prometido en su campaña, pero las dudas sobre si sería capaz de cumplir o no comenzaron a despejarse cuando dio el mensaje para las industrias extractivas de “los días de vino y rosas han vuelto, ¡Qué empiece la fiesta!”
El pasado mes de febrero, el Congreso de los EE.UU. logró tumbar la sección 1504, relativa a la transparencia de los pagos a gobiernos extranjeros, y poco después se filtró la orden ejecutiva firmada por el propio Trump para hacer lo mismo con la 1502, que afecta al suministro de “minerales en conflicto” procedentes de los Grandes Lagos africanos. ¿Qué más se puede esperar de esta administración?

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