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Los taxistas tienen razón… la culpa es del gobierno

Las apps y los servicios tradicionales deben de convivir con reglas semejantes. Veamos si el gobierno federal es capaz de poner un piso parejo a todos o si, por el contrario, las movilizaciones y la inconformidad continúan.

Las afectaciones de ayer en la Ciudad de México fueron severas y causaron muchas molestias, y enormes pérdidas económicas. Pero como en pocas protestas, la razón sí les asiste a los trabajadores del volante y lo que estamos viendo ha sucedido ya en varios países. Veamos:

Los taxistas se quejan de que varias empresas que dan transporte vía aplicaciones digitales (apps) como Uber, Cabify, DiDi o Beat tienen muchas menos reglas que cumplir. En concreto, se quejan de que los choferes de apps, que son competencia directa de los taxistas, dan el mismo servicio bajo reglas completamente inequitativas.

Los taxistas pagan placas y licencia de taxi, seguro de pasajeros y exámenes toxicológicos, además de que no pueden recoger pasaje fuera de su demarcación, mientras que los choferes vía apps no pagan los mismos impuestos que los taxistas. En particular el IVA, motivo por el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha enviado un ajuste fiscal en el Paquete Económico 2020. Con ello, es evidente que los taxistas tienen muchas más cargas burocráticas y administrativas. Ellas son el centro de la polémica.

En varias ciudades de México, y por razones distintas, las apps digitales de conductores no operan o sus servicios son deficientes. Ejemplo de ello: Cancún, Tampico, Veracruz, San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen. Esto también está mal, pues la competencia hace que mejoren los servicios que se prestan al público, al igual que está mal que algunas ciudades, como la Ciudad de México (CDMX), quite un porcentaje de ingresos a los trabajadores de apps para financiar, vía fideicomisos, a los taxistas.

Así, en México hay varios estándares por los que se rige el servicio de transporte público, lo que es ya una pesadilla para autoridades locales, taxistas, trabajadores de apps y, desde luego, para los turistas extranjeros que tienen que ir adivinando qué transporte usar ciudad por ciudad.

Las autoridades de la CDMX quieren lanzar el problema hacia el gobierno federal, lo que hace sentido, dadas las amplias implicaciones. Sin embargo, no parece que la Secretaría de Gobernación (Segob) sea la ventanilla correcta. Primero, al ser un problema tecnológico, más que político-social, y segundo, porque pocas cosas ya se arreglan en estos tiempos en la Segob.

En otras partes del mundo, señaladamente España, Francia y Gran Bretaña, han acontecido protestas similares. En estos países lo que ha dado resultados es limitar el número de vehículos que pueden dar servicio vía aplicaciones (de la misma manera en que está limitado el número de licencias para taxis) y emparejar las cargas fiscales-administrativas que tienen los taxistas. Una regla pareja para todos los trabajadores que dan servicios similares.

Pero el problema con las apps en México no es exclusivo de los taxistas. La radio, la televisión y el cine mexicanos padecen también de una sobrerregulación que data de los años 60 y que les hace poco competitivos en un mundo cada vez más globalizado.

Por ejemplo, la radio y la televisión pagan innumerables impuestos, pagos a sindicatos y a organismos de gestión colectiva (autores, compositores, etcétera), tienen que dar espacio gratuito a aburridos spots de partidos políticos y de gobierno, además de que deben enviar sus contenidos a supervisión. Eso no sucede con apps como Spotify, Netflix, Apple TV, Amazon o YouTube, todas disponibles en México.

De igual manera, los exhibidores de cine como Cinemex, Cinépolis, Cinemagic o Cinemanía tienen que mandar a clasificar sus películas y dar un porcentaje de sus salas para cubrir una “cuota de pantalla” para contenidos nacionales, además de pagar impuestos. Nada de esto pasa con las apps que desde el extranjero permiten ver películas.

Así, en México, industrias tradicionales y nacionales están en franca desventaja contra empresas extranjeras y digitales. Todo ello es parte de la nueva realidad tecnológica y el gobierno tiene que lograr que ambas convivan a plenitud y en igualdad de condiciones en todo el país.Es además lo que más le conviene al gran público usuario tanto de servicios tradicionales como de digitales.

El gobierno tímidamente empieza a dar pasos para que haya un “piso parejo”. El cobro de IVA a las apps digitales es un inicio. También lo es la iniciativa de los grupos parlamentarios de Morena y PT en el Senado, con la que, al igual que en la Unión Europea, se busca establecer incentivos para los contenidos nacionales.

Las apps y los servicios tradicionales deben de convivir con reglas semejantes. Veamos si el gobierno federal es capaz de poner un piso parejo a todos o si, por el contrario, las movilizaciones y la inconformidad continúan. También será importante que el gobierno federal no caiga en la tentación de crear un monopolio en los taxis, a cambio de asegurar clientelas políticas.

Sencillamente, se trata de equilibrar las reglas del juego para que los usuarios y consumidores mexicanos decidan qué servicio prefieren.

Cambiando de tema: La Ley de Austeridad Republicana que hoy votará la Cámara de Diputados burocratiza aún más el servicio público y castiga a los funcionarios de todos los Poderes de la Unión. El poder menos afectado es el Judicial federal, dadas las garantías que la Constitución les establece a juzgadores y a un cabildeo de alto nivel. Con la nueva ley se garantiza tener servidores públicos mediocres y que no tengan aspiración alguna de mejora en la iniciativa privada o la academia. Sencillamente, se están legislando reglas absurdas so pretexto de combatir la corrupción.

¿La única manera de erradicar los excesos de unos cuantos era castigar a decenas de miles de funcionarios públicos?

Twitter: @JTejado