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¿Los últimos tres años del IFT?

La última semana de 2015, el nuevo gobierno de Argentina, de Mauricio Macri, tomó el control de los órganos que regulan las telecomunicaciones y los medios de comunicación en aquel país: las autoridades federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). En su lugar creará un nuevo organismo llamado el “Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM⬝, con lo que logra quitar a los funcionarios del anterior gobierno (leales a la ex presidenta Cristina Kirchner) y pone en su lugar a nuevos funcionarios, entre los cuales habrá una mayoría afín al nuevo gobierno.

La medida —ordenada por la presidencia argentina mediante un decreto de urgencia— fue presentada como el fin “de la guerra del Estado contra el periodismo⬝. Y es que a raíz de la Ley de Medios que aprobó aquel país en 2010, el periodismo crítico sufrió de acoso gubernamental, incluso tratando de fragmentar al grupo mediático más relevante de Argentina, el Clarín.

Así, la Ley de Medios argentina, por un lado, entregó los reguladores “independientes⬝ a partidistas de los Kirchner (Grupo K) y, por otro, fue el instrumento mediante el cual los medios afines al Grupo K se convirtieron en un muy buen negocio al recibir todo tipo de prebendas y recursos publicitarios.

Ahora, el gobierno y los funcionarios removidos —encabezados por el ex presidente del AFSCA, Martin Sabbatella— se encuentran enfrascados en litigios con las autoridades judiciales argentinas, lo que no ha sido obstáculo para que el nuevo gobierno tome el control de los reguladores independientes o “autárquicos⬝, como se les denomina en Argentina.

En México, ya vivimos una historia similar, cuando desde la Presidencia de la República, el presidente Felipe Calderón tomó el control del regulador mexicano de las comunicaciones, la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Si bien había cinco Comisionados transexenales nombrados por Vicente Fox y por el Senado de la República, el régimen de Calderón se encargó —al igual que ahora pasó en Argentina— mediante litigios judiciales de remover a dos de los cinco Comisionados. Y el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, fue forzado a renunciar, en 2010, por el entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, so pena de enfrentar investigaciones federales inventadas. Con ello, el régimen calderonista logró nombrar a 3 de los 5 comisionados de la Cofetel, lo que significó una cómoda mayoría para tomar decisiones e impulsar su propia agenda. Con ello, obtuvo el control de la Cofetel y de las comunicaciones para sí, sin importar que los funcionarios removidos hubieran sido nombrados por un gobierno emanado del mismo partido político, el PAN.

Ahora, la administración del presidente Peña tiene un nuevo organismo que regula las comunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). A diferencia de anteriores reguladores en México, este nuevo regulador emana de una norma constitucional, pero además, y luego de una interpretación que ha hecho la Suprema Corte, el IFT tiene enormes facultades con las cuales puede, incluso, legislar.

Así, el IFT no sólo regula la telefonía, el internet, la TV de paga, la TV abierta, la radio y los satélites, sino que además puede emitir al respecto todo tipo de ordenamientos, con lo que se ha vuelto económica y políticamente muy relevante.

Luego de lo acontecido en Argentina, la pregunta es si cuando haya cambio de gobierno en México, en 2018, la nueva administración respetará la integración e independencias del regulador de las comunicaciones en México. A juzgar por las maniobras que se hicieron apenas hace cinco años, para tomar el control de la Cofetel, es probable que la historia se repita con el IFT.

El IFT debe desde ahora reconocer que tomar su control es muy atractivo para la clase política, sobre todo porque en ningún país del mundo los reguladores de telecomunicaciones son independientes del gobierno en turno. Nos dimos un regulador en México que no tiene precedente en ningún país de los 34 que integran la OCDE y de los 193 que integran la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El IFT ha hecho un buen trabajo y prueba de ello es la disminución de los precios en telecomunicaciones en 18% en el último año, además de la apertura en TV y las nuevas licitaciones en radio, pero sus retos nunca acaban y la agenda para este año no pinta sencilla.

Para sobrevivir a la clase política, el IFT deberá cuidar dos aspectos: a) que los jueces federales mexicanos defiendan su autonomía como hasta ahora lo han hecho, la diferencia es que hasta ahora el IFT ha contado con el apoyo gubernamental y a partir de 2018 eso podría cambiar; y, b) que sus resultados en términos de calidad y precio en los servicios que regula sean favorables para los consumidores. Así, un Poder Judicial Autónomo y el apoyo de los consumidores mexicanos serán las mejores cartas para asegurar una permanencia transexenal del IFT y sus comisionados. Si no, basta con ver el caso de Argentina o el de su predecesora, la Cofetel, para saber la historia que le espera al IFT.

El mismo reto aplica para la nueva Comisión Federal de Competencia Económica, que, al igual que el IFT, también tiene autonomía constitucional.

Cambiando de tema: el gobierno argentino justificó la creación de lo que será su nuevo regulador de las comunicaciones, ENACOM, basado en el IFT de México. Cosa curiosa pues algunas partes de la ley mexicana que creó el IFT vienen de la Ley de Medios que los argentinos están aboliendo.