Monitor Nacional
México lindo y ¿cochino?
Cinescopio | Miroslava Silva
4 de abril de 2017 - 11:28 am
columnnaaa-monitor
En este país la impartición de justicia queda muchas veces supeditada al estatus social y a los privilegios que se le concede a las clases más altas.

El caso del juez Porky no es el primero ni será el último de los casos. En cuestión de impartición de justicia, México es el lodazal y los que se encargan de impartirla, los puercos.

Recientemente, uno de los casos que ha sacudido tanto las redes sociales como los periódicos y noticieros de todo México, ha sido el amparo otorgado a Diego Cruz, uno de los llamados Porkys de Veracruz, y que enfrentaba una acusación de pederastía agravada desde 2015, cuando él y un grupo de amigos abusaron sexualmente de una menor en el estado veracruzano. Si bien, desde el principio el caso no provocó más que indignación por parte de la sociedad mexicana, dicha conmoción no ha hecho más que alcanzar su punto más álgido cuando hace unas semanas, el juez encargado de llevar a cabo el juicio, Anuar González Hemadi, le concedió el amparo que podría exhortarlo a enfrentar una sentencia de varios años en una prisión.

Un caso que las autoridades seguían desde su denuncia hace dos años, no hace otra cosa mas que poner en tela de juicio la objetividad y competencia de las figuras que se encargan de impartir la justicia en la nación mexicana. En esta ocasión, el testimonio y la experiencia de Daphne Fernández, le da voz y representación a los miles de casos de violencia sexual que quedan en un limbo jurídico en México. Miles de hombres y mujeres,  han visto sus agresiones desestimadas e ignoradas dentro del territorio nacional, cosa que aparte, crea una burbuja de estigma a las mismas víctimas que sufren este tipo de violencia, pues no es raro que en la mayoría de las ocasiones, se les re-victimice durante el proceso de denuncia.

En esta ocasión, es importante referirnos a la re-victimización, que es llevado tanto por las autoridades como las mismas personas dentro de la comunidad. Esto es porque es común que se les cuestione y se dude de la veracidad de sus testimonios. En el caso de las mujeres, no sobran las cuestiones acerca de la vestimenta que portaban cuando se dio el asalto, o si había tenido una relación sentimental o de amistad previa al ataque con el asaltante. No se habla solamente de una violación hacia los derechos humanos, sino que además involucra delitos penados por la ley tales como la privación de la libertad, agresión física y sexual y, en el caso de Daphne, pederastia.

Si bien se le aplaude al gobierno mexicano que en conjunto con un grupo de ONU Mujeres, haya puesto en marcha la campaña #NoEsDeHombres con el fin de reducir y prevenir el abuso sexual, sería entonces tiempo de empezar a priorizar cómo se lleva a cabo el proceso de impartición de justicia en denuncias de este tipo de delitos.

Una vez más, el caso de los Porkys de Veracruz, nos muestra una de las desgarradoras realidades en México, pues en este país la impartición de justicia queda muchas veces supeditada al estatus social y a los privilegios que se le concede a las clases más altas. Nuevamente, se tocan temas que se han tratado en los artículos anteriores que involucran prácticas regulares como la corrupción, el tráfico de influencias y la desigualdad. Esto, porque se sabe desde el principio, los asaltantes de Daphne son juniors, hijos de familias ricas e influyentes del Estado de Veracruz. Y que al menos en el caso de Diego Cruez, le fue posible ir a España, donde fue capturado y extraditado al año pasado.

Otra de las vertientes que añade la generalización del malestar social al caso Porky, fue la posición de la figura más importante dentro del caso, que es la que se encarga de “impartir” la justicia y condenar este tipo de actos. Esto solo nos lleva a pensar que un juez que presuntamente habría tomado al menos 25 cursos en relación a derechos humanos y justicia penal juvenil, no haría otra cosa que tomar con más consideración las pruebas y no desestimarlas a un absurdo donde se considera que haberla tocado en la zona genital sin su consentimiento no es un acto lascivo y con la intención de la cópula.

Cabe recalcar que, hace no más de dos días, salió a la luz otra situación en la que el juez Anuar se vio envuelto dentro de la nube de la polémica. En 2014, Hemadi otorgó un amparo a una diputada panista que atropelló a un hombre, mientras conducía sin licencia y en estado de ebriedad, causando el fallecimiento de la persona. La polémica radica en que, a pesar del acto, se le absolvió ya que el código penal de Veracruz no especificaba qué grado de intoxicación se requiere para imposibilitar a los conductores de manejar. La situación solo hace entrever que en México, no sólo se requiere de una mejor captación de actores que puedan impartir la justicia de manera ética, sino que también se necesita una reforma a las leyes, a fin de evitar este tipo de situaciones que lleven a los coludidos a evadirse y protegerse, aprovechándose de los vacíos legales.

Anuar González, en contraposición a la figura de Daphne Fernández, es también una reproducción de la incompetencia del sistema de justicia penal en México. País donde muchos de los casos de violencia no proceden hasta que se ejecutan y las consecuencias son irreversibles. Tanto hombres como mujeres pueden llegar a sufrir este tipo de violencia. Lamentablemente, serán situaciones como la desestimación e incluso la pena de denunciar, las que harán que estos delitos queden impunes y que no se refleje dentro de las estadísticas la situación que viven o han vivido miles de mexicanos. Esto demuestra una vez más, cómo las víctimas quedan relegadas a doble víctimas, a causa del abandono de la justicia y el abuso de autoridades.

TAGS: , , ,