Monitor Nacional
Política de la Ciudad de México
Un poco de cultura | Grecia Moya Sedano Camacho
24 de abril de 2017 - 1:03 pm
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Los envíos de anticonceptivos a 16 países en desarrollo de África, Asia y Oriente Medio se detuvieron en 2002

 

El 23 de enero, presenciamos una de las órdenes ejecutivas del presidente en turno de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cual se hacía mención de una política previamente anulada por Reagan e instaurada por Obama. En ésta se requería a organizaciones extranjeras no gubernamentales (ONGs) que certificaran que no efectuarían o promoverían activamente el aborto como un método de planificación familiar usando fondos de cualquier fuente, incluyendo fondos que no fueran de los Estados Unidos, como una condición para recibir asistencia global de planificación familiar del gobierno de Estados Unidos, al igual que a partir del 23 de enero del 2017 toda otra ayuda mundial de salud de EE.UU, incluyendo el VIH en el mismo país y la asistencia a la salud materno-infantil.

A pesar de esta orden ejecutiva, se calcula que en los países en desarrollo unas 225 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación pero no utilizan ningún método anticonceptivo. Pese a esto continúan las violaciones y las formas de violencia contra las mujeres niñas al igual que las prácticas nocivas, como el matrimonio precoz y forzado y la mutilación genital femenina. En este contexto, se reconoce que la violencia contra las mujeres y las niñas son uno de los grandes obstáculos para el logro de su dignidad, lo que se une a la pobreza y la falta de políticas sociales y económicas. La marginación en todos estos procesos sociales puede resultar de su exclusión de los beneficios del desarrollo sostenible y las mantiene en riesgo creciente de violencia.

No obstante, la violación a mujeres y niñas sigue siendo menos importante. Según ONU Mujeres, estima que “el 35 por ciento  de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida.”   De acuerdo con lo expresado anteriormente, los intentos de detener el aborto a través de leyes restrictivas, o reteniendo ayuda de planificación familiar, nunca van a funcionar, ya que esta política irrumpe con los derechos que tienen los pacientes en cualquier clínica porque dependen del acceso a los servicios de salud básicos. Esto dará marcha atrás el progreso de décadas en la salud de la mujer, dado que esta ley incluye planificación familiar, la salud maternoinfantil, la nutrición, el VIH / SIDA (incluido el PEPFAR), las enfermedades infecciosas, la malaria, la tuberculosis y las enfermedades tropicales desatendidas.

Las implicaciones financieras para todas las organizaciones de salud son enormes. Los Estados Unidos gastan $ 9.5 mil millones en ayuda de servicios de salud. Todo ese dinero está ahora sujeto a la regla de mordaza, según la orden expandida de Trump, según funcionarios de Population Action International (PAI). Bajo la regla original de la mordaza, solamente $ 575 millones en gastos se habrían afectado. Las implicaciones monetarias y sanitarias de la política están bien registradas. Organizaciones no gubernamentales que rastrearon los efectos de la política durante la administración Bush encontraron que las organizaciones que optaron por no cumplir con la norma no pudieron compensar la pérdida de fondos, dañando a las comunidades que ya sufren de un acceso pobre a la atención médica.

Bajo la misma política, la Asociación de Planificación Familiar de Ghana se vio obligada a recortar los servicios y dejó a unos 700.000 clientes sin acceso a servicios de prevención del VIH -incluyendo asesoramiento y pruebas voluntarias y educación preventiva. Después de perder su financiamiento, el personal de enfermería de la organización se redujo en un 40 por ciento para mantener abiertas tres clínicas rurales.

Pero el impacto más significativo de la GGR durante la administración Bush fue sobre los anticonceptivos, a saber, los preservativos. Los envíos de anticonceptivos a 16 países en desarrollo de África, Asia y Oriente Medio se detuvieron en 2002. Los grupos de planificación familiar de otros 13 países no recibieron envíos de anticonceptivos porque se negaron a cumplir con la norma. Los países afectados también tuvieron algunas de las tasas de mortalidad por VIH / SIDA, natalidad y mortalidad materna más elevadas del mundo.

Sin los fondos, las agencias internacionales encargadas de proveer esta ayuda a las mujeres y niñas, será incapaz de proveer la anticoncepción a 1.5 millones de mujeres en el globo. “Esta política sólo exacerba el ya importante reto de asegurar que las personas en el mundo en desarrollo que quieren tiempo y espacio a sus hijos pueden obtener la anticoncepción que necesitan para hacerlo”, dijo Newman-Williams. “… y las mujeres de los países en desarrollo pagarán el precio”.

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