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¿Quién le dice “No⬝ al acuerdo?

El pasado domingo 2 de octubre prometía ser una fecha que no pasaría desapercibida en los libros de historia. Lo consiguió por los motivos menos esperados para la comunidad internacional. El “No⬝ al Acuerdo de paz entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia triunfó. El 50,21% de los votos del plebiscito fueron para el “No⬝, mientras que el 49,78% para el “Sí⬝. Con una abstención del 62% de los colombianos habilitados para votar y una diferencia de tan sólo 0,5 puntos porcentuales (50,000 votos) entre una opción y la otra, el rumbo de una Nación entera quedó decidido. Para entender lo que a ojos de muchos podrá aparentar ser inexplicable, primero hay que conocer lo que dice el Acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC el 26 de septiembre de este año.

¿Qué dice el Acuerdo?

El punto medular que indignó a la mayoría de los votantes fue el de la indulgencia. En este acuerdo se establece que aquellos que confiesen sus crímenes y cuenten toda la verdad podrán evitar ir a prisión y recibirán penas de reparación a las víctimas (como un servicio a la comunidad) de entre 5 y 8 años. Quienes confiesen tardíamente o no confiesen tendrán entre 5 y 20 años de cárcel efectiva. El Código Penal de Colombia otorga entre 13 y 25 años de cárcel efectiva a homicidios, 18 a 28 años por secuestros, 15 a 20 años por actos terroristas, 10 a 20 años por tortura y 10 a 18 años por violación y abusos sexuales. Aún si el criminal de guerra no confiesa sus crímenes, se le estaría “suavizando⬝ la pena en comparación a la que debería cumplir bajo el Código Penal Colombiano. Ante esta situación el Director para las Américas de The Human Rights Watch se mostró desconcertado y lo mostró al decir que “castigar a criminales de guerra confesos y condenados con penas de servicio a la comunidad es grotescamente desproporcionado.⬝

El siguiente punto del acuerdo que hizo estallar a la oposición fue que dicho acuerdo no cierra explícitamente la posibilidad de que aquellos guerrilleros confesos puedan tener una participación política en el Estado, sino que además contempla la transformación de las FARC en un partido político y con escaños asegurados dentro del Congreso colombiano por ocho años. En otras palabras el acuerdo permite que criminales de guerra tengan cargos políticos y participen directamente en la toma de decisiones del Estado.

En el acuerdo no está explicitado que las FARC destinarán fondos (desde su propio bolsillo) para la reparación de las zonas más afectadas por el conflicto. Por esta razón se teme que sea el gobierno colombiano con recursos del presupuesto del Estado quien termine pagando enteramente los platos rotos.

También se atiende la creación de un tribunal especial para la paz que administre la justicia para los miembros de las FARC desmovilizados y otros actores dentro del conflicto. Es decir, la penalización de los miembros de las FARC sería a través de este único tribunal, cerrando por completo la posibilidad de búsqueda de penas más severas a las que se establecen en el acuerdo.

¿Para qué votaron?

El Acuerdo de paz expresamente dispone que para que tenga validez, el mismo debía ser sometido a votación popular y obtener el respaldo de la mayoría de los votantes y de al menos el 13% del total de colombianos habilitados para votar.

La votación se trataba más bien de una vía política, más que jurídica, para poder darle legitimidad al acuerdo negociado con las FARC. El resultado de dicha votación sólo podía ser vinculante para el Jefe de Estado. No implica de ninguna manera una incorporación de lo acordado en el articulado de la Constitución colombiana. Aún si la votación hubiera arrojado una mayoría de “Sí⬝ al Acuerdo de paz, sólo el actual presidente, Juan Manuel Santos, sería el único obligado a cumplir lo que ahí se estipula; si el siguiente presidente electo de Colombia decidiera no continuar con el cumplimiento del acuerdo, entonces éste se da por terminado. Los criminales de guerra que no hayan sido juzgados durante el mandato de Santos, estarían nuevamente sujetos al Código Penal y dejarían de tener acceso a cargos políticos.

 

Está dentro de las facultades ejecutivas de Juan Manuel Santos poder hacer válido el Acuerdo de paz, a pesar de la oposición, si él así lo quisiera. Haber llevado este acuerdo a las urnas es realmente una cortesía que terminó abriendo el panorama a un sinfín de posibilidades sobre la acción que debe tomar ahora Colombia frente al conflicto.

¿Quién le dice “Sí⬝ al Acuerdo?

Colombia contra las FARC es una guerra que no ha descansado durante 52 años. En una Nación conformada por 48 millones de personas, el conflicto ha afectado a unas 8 millones de personas. Han sido desplazadas 6,9 millones; 250 000 han muerto y 100 000 desaparecido. Según datos del 2016 de Amnistía Internacional, Colombia es uno de los 10 países más violentos del mundo. Y las FARC es el grupo terrorista más grande y peligroso a nivel continental.

El “Sí⬝ al Acuerdo de paz es un respiro bien merecido por la población colombiana. Es un paso adelante para que ninguna madre vuelva a sufrir la ausencia de un hijo a manos de las FARC. No es sorpresivo que las comunidades más afectadas por el conflicto hayan tenido una mayoría de “Sí⬝ en las votaciones. Este acuerdo representa lo que tras décadas de conflicto arraigado, han estado buscado los colombianos.

¿Qué sigue?

Muchos analistas prevén una fragmentación de la guerrilla, ya que no hay una estructura jerárquica que la mantenga ordenada. Esto podría crear un grave problema de seguridad. El “No⬝ también podría traer consigo un golpe económico que resulte en incertidumbre, que haga caer al peso colombiano y que limite la inversión extranjera.

Mientras tanto las FARC, como lo expresaron en su Décima Conferencia, han optado por dejar las armas para conquistar sus fines por medio de la política, independientemente del plebiscito. Seguirán buscando el camino que les permita convertirse en un partido político.

Por lo pronto el acuerdo no entrará en vigor, pero tampoco se desecha. Está en una especie de limbo y permanecerá ahí por un rato. La postura del gobierno colombiano y de los líderes de la FARC frente al resultado del plebiscito es el de cese definitivo al fuego, mantener el diálogo y buscar una solución a este voto en contra. Ahora lo que deberán hacer es unir a los del “Sí⬝ y a los del “No⬝ para construir una paz estable y duradera en Colombia. Deben incluir en los términos del Acuerdo de paz a las posturas del “No⬝. Todo pinta a que no será Santos el mandatario que traiga la resolución al conflicto, pero será reconocido como el que puso el primer escalón para llegar a resolverlo.

El “No⬝ al acuerdo no es un “No⬝ a la paz. El acuerdo negociado de haber obtenido el “Sí⬝ hubiera cumplido su objetivo primordial: traer la paz a Colombia. Un Acuerdo de paz siempre será mejor tenerlo que no tenerlo, pero si el “No⬝ al Acuerdo de paz trae consigo un cese definitivo al fuego, entonces la paz ha ganado. No se necesita aprobar ningún acuerdo para que la paz exista. Mientras se mantenga la voluntad de las partes, la paz prevalecerá.