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¿Quién regulará las comunicaciones en el siguiente sexenio?

En México, desde 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se convirtió en el encargado de regular la radio, la televisión, la telefonía fija, la celular, los satélites, el internet… prácticamente todo el sector telecomunicaciones. El tema no es menor, pues somos el único país en el mundo en el que la regulación de un sector estratégico no está en manos del gobierno federal en turno, como había estado en manos de todos los presidentes desde 1917.

Desde 2013 está en manos de un organismo autónomo del Estado mexicano. Para el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, el arreglo fue práctico, toda vez que a quien puso al frente del IFT (luego de una evaluación independiente y acuerdo senatorial), fue a Gabriel Contreras, quien había trabajado previamente en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

El presidente del IFT y sus comisionados han dado buenos resultados en poco tiempo. Han licitado canales de televisión, estaciones de radio y espectro para servicios de telecomunicaciones móviles, y su gestión ha hecho que bajen los precios en el sector. De hecho, los logros en la materia son los únicos palpables a este momento, producto del Pacto por México, aunque han tenido problemas para asegurar una adecuada interconexión entre operadores, señaladamente con Telmex, dado que el sistema electrónico de gestión no ha servido como se esperaba y está en vilo la separación funcional del preponderante.

Surge entonces la duda de qué va a pasar en lo futuro con el IFT y la llegada de un nuevo gobierno que no formó parte del Pacto por México. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no ha hablado del tema, pero sí lo han hecho en varios foros algunas personas que trabajan con él, entre ellos Abel Hibert, reconocido experto en telecomunicaciones y ex comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (dependencia que desapareció en 2013 y sí dependía del Ejecutivo federal). Hibert, quien se perfila para ser el secretario técnico del gabinete económico, reportándole al jefe de la oficina de la Presidencia, ha venido señalando respeto a la autonomía del IFT.

Su posición pública y como funcionario del futuro gobierno, si bien dio tranquilidad en el IFT, tiene que leerse con matices en virtud de tres factores:

1) ¿Le van a quitar facultades al IFT?

En el foro de Banorte, desarrollado recientemente, el propio Hibert señaló que el nuevo gobierno tendría como prioridad “otorgar más concesiones de índole social” y “administrar de manera más eficiente el espectro radioeléctrico”. Estos elementos, al día de hoy, son por ley facultad exclusiva del IFT, de tal suerte que enumerarlos podría ser un viso de que desde ahora planean quitarle algunas facultades al regulador, con lo que no habría tanto respeto a su actual autonomía.

2) ¿Quién sería el interlocutor con el IFT?

El gobierno entrante ha señalado que las siguientes personas llevarán la relación en materia de telecomunicaciones: desde la Presidencia, el arriba citado, Abel Hibert, y su jefe, Alfonso Romo, así como Jesús Ramírez, quien será el responsable de comunicación social; desde la SCT, la también ex comisionada de la extinta Cofetel y experta internacional, Salma Jalife, quien ha sido señalada como próxima subsecretaria de Comunicaciones; Raymundo Artis Espriú, quien será el siguiente coordinador de la Estrategia Digital Nacional (a pesar de no tener ninguna experiencia en telecomunicaciones), y Zoé Robledo, quien estaría quedándose con las facultades que se ejercen en esta materia desde la subsecretaría de Gobierno en la Secretaría de Gobernación.

Así que la duda es: ¿quién llevará la interlución con el IFT, que por ley es sólo una en la que el gobierno manda al instituto opiniones técnicas no vinculantes y para asuntos puntuales? ¿Seguirá esto así o estarán pensando darse en el gobierno nuevas facultades?

3) ¿Renuncias en masa en el IFT?

No ha quedado claro si la propuesta de reforma salarial del presidente López Obrador se hará también en organismos autónomos, como el Banco de México, el INE, la Cofece, el Inegi o el propio IFT. De reducirse los salarios en estos organismos, muchos de los actuales comisionados y directores generales seguramente dejarían sus cargos, toda vez que sus conocimientos y experiencia serían mejor remunerados en la academia y en la iniciativa privada.

Con una disminución salarial, seguramente el nuevo gobierno tendría la oportunidad de llenar vacantes con gente afín a ellos, lo que, sin embargo, implicaría una enorme curva de aprendizaje que podría complicar el día a día al Estado mexicano y, sobre todo, podría mermar su capacidad rectora y de recaudación en sectores estratégicos para el país.

Así, como se puede ver, no es fácil en estos momentos tener claridad sobre quién será el rector de las comunicaciones en el país y bajo qué parámetros. El hecho de que el gobierno entrante tenga una cómoda mayoría con Morena, PT, PES y hasta el PVEM, les da margen para modificar no solo cualquier ley, sino también la propia Constitución, pues con estos partidos juntan las dos terceras partes de los votos requeridos en ambas Cámaras del Congreso y de igual manera tienen ya mayoría en 17 legislaturas estatales. Por lo que quién y cómo se llevará a cabo la política pública en materia de las comunicaciones es una enorme duda, lo que sorprende a estas alturas porque el sector representa casi 3% del PIB nacional y es motor de la economía.

Lo que sí se perfila en este sector, es una serie de medidas tendientes a fortalecer la industria nacional en general (en manos de mexicanos), lo que podría inhibir el crecimiento de algunas empresas extranjeras. El nuevo gobierno no está dispuesto a que sectores estratégicos para el país sigan quedando mayoritariamente en manos de extranjeros, como ha sido el caso de los bancos, las farmacéuticas y puertos, entre otros.

Cambiando de temas… * TLCAN 2.0: se mostró una gran coordinación entre el gobierno saliente de EPN, el entrante de AMLO y la Casa Blanca para lograr el objetivo mediático de posicionar como un gran logro para todos la versión 2.0 del TLCAN. Ayer, la sincronización de llamadas e imágenes entre Donald Trump, EPN y Marcelo Ebrard, en adición a las imágenes de los negociadores Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo y Jesús Seade, denotan un muy buen trabajo (sin precedentes) político y mediático.

Ojalá ese tipo de coordinación la hubieran tenido mucho más seguido y para muchos más asuntos.

*Agresiones a periodistas. Mala señal que los abogados de la maestra Elba Esther Gordillo, luego de haber obtenido su libertad, estén amenazando a periodistas con demandas por daño moral, como es el caso de Carlos Loret. En todo caso, de haber alguna inexactitud en cualquier publicación, podrían ejercer la rectificación vía la Ley de Réplica, pero claramente la intención es amedrentar a todos los periodistas para que ya no aborden el tema de los litigios en los que estuvo envuelta. Creo que es un error: al contrario, la maestra debería impulsar que se informe sobre las razones por las que tuvo varias victorias jurídicas.

De igual manera, mi solidaridad para con Pablo Hiriart, a quien sus opiniones le están costando todo tipo de ataques en redes sociales.