Monitor Nacional
Secuestrando a las telefónicas
Opinión | Javier Tejado Dondé
20 de septiembre de 2016 - 8:12 am
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¿Es legal que el gobierno le cambie las reglas del juego a toda la industria de las telecomunicaciones al todos ser clientes cautivos de la CFE?

La reportera de esta sección, Carla Martínez, ayer publicó la primicia de que el Gobierno Federal pretende subir el costo de la infraestructura, en concreto los postes, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que usan las empresas de telecomunicaciones.

La historia de este tema tiene más de una década. Con antelación al 2005 había que firmar contratos con CFE y la negociación era por zonas geográficas y se venían encontrando obstáculos para desplegar cables en la postería de la paraestatal. No fue sino hasta 2005 cuando la Secretaría de Hacienda ordenó el cómo usar los postes y los costos a pagar por las empresas de telecomunicaciones. El precio fijado por el uso de cada poste de la CFE quedó establecido en la Ley Federal de Derechos, mismo que al día de hoy es de $70 pesos. Como parte de las reglas acordadas sólo se permite que en cada poste de la CFE haya un máximo de dos operadores de telecomunicaciones y estos cables están topados a un peso de 740 kilos por kilómetro.

Para cuadrar este esquema que dio importantes ingresos a la CFE, pero también certeza a las empresas de telecomunicaciones los actores principales fueron: la Cámara de Telecomunicaciones (CANIETI); la entonces Cámara de la TV por Cable (CANITEC) y el propio Alfredo Elías Ayub, entonces Director General de la CFE. Este esquema permitió a las empresas crecer y llegar a miles de poblaciones, utilizando la infraestructura ya instalada por el gobierno federal. A la par de que permitió ‘by-pasear’ la postería de Telmex a la cuál era difícil acceder. El resultado luego de 10 años de operación de este esquema ha sido la conectividad de millones de mexicanos, el abaratamiento de las telecomunicaciones y el pago razonable a la CFE de una infraestructura que permanecía ociosa.

Pero ahora, en el paquete económico del 2017, se reporta que el pago a la SHCP ha desaparecido y la preocupación de casi todas las empresas de telecomunicaciones es que la CFE –de la mano con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) – incrementen los precios por el uso de los postes. Y digo casi todas las empresas de Telecomunicaciones puesto que Telmex ha de estar feliz con este nuevo enfoque gubernamental, pues les subiría los costos de infraestructura a sus competidores o les obligaría a usar los propios postes de Telmex, los que renta en 131 pesos por poste. Un incremento del 84% según la oferta de referencia existente.

Así que el margen que tienen la CFE y la CRE para subir el costo de la postería federal es considerable, pues pueden subirle hasta un 84%. Pero tratar de mejorar las rentas de la CFE, afectará a todos los operadores de telecomunicaciones –desde Telefónica a ATT, de TotalPlay a IZZI o de Maxcom a Axtel. Y desde luego, estos incrementos acabarán siendo repercutidos, en alguna forma, a los usuarios.

El tema trae varias preguntas aparejadas: ¿Los bienes de la federación deben ser para lucrar o para avanzar servicios públicos? ¿Cuánto debe de cobrar la CFE por activos que ya están amortizados? ¿Es legal que el gobierno le cambie las reglas del juego a toda la industria de las telecomunicaciones al todos ser clientes cautivos de la CFE? (y no poder mover sus cables en el mediano plazo a otros lugares) ¿Esto choca con la reforma en telecomunicaciones al encarecer recursos esenciales?

Más allá de la decisión que el Congreso de la Unión acabe tomando, el tema evidencia la falta de memoria histórica al dejar ver el desconocimiento de las actuales autoridades sobre temas que se discutieron apenas hace 10 años. Pero también deja ver la ausencia de una visión de Estado para regular las telecomunicaciones. Y es que todas las empresas de telefonía, cable e internet están por convertirse en rehenes de las “empresas productivas” de la CFE, de no haber cambios en la Ley de Derechos, presentada hace unos días. Un cambio de reglas que nadie previó.

Cambiando de temas:

*Alertas de SMS que sí sirven: ayer a las 7:54 am todos los celulares ubicados en Nueva York recibieron una alerta de emergencia solicitando ubicar y reportar al número telefónico de emergencias (911) a Ahmad Rahami, buscado por la explosión y bombas encontradas el fin de semana en Manhattan y Nueva Jersey. La alerta (WANTED) celular sirvió: en tres horas un ciudadano lo ubicó y dio aviso a la policía. Esto es prueba de un uso eficiente de la tecnología y de colaboración entre operadores y autoridades. En México, luego de 15 años, ni siquiera tenemos un número de emergencias unificado. Pero dicen que en algunos Estados operará el 911 para este 2016. Ojalá así sea.

*#NoANarcoSeries: el tema fue muy relevante (trending) ayer en redes sociales. El dilema es una vez más la regulación a las televisoras en México (abierta y restringida) contra la ausencia de toda regulación a la televisión que llega desde el extranjero por Internet (Apple TV, Netflix, Roku). Mientras los primeros están sobre regulados en sus transmisiones, e incluso pueden recibir multas del 2% de sus ingresos por cada capítulo de una serie transmitida fuera de horario, los segundos no tienen regulación alguna y ni siquiera impuestos pagan en México. La discusión la va a ganar más temprano que tarde lo que los usuarios deseen ver, pero es otro llamado a revisar el marco regulatorio existente en México.

*La anulación de Zacatecas afecta seriamente a la radiodifusión: muy cierto lo que ayer se escribió en Milenio, por Carlos Puig, respecto a la incertidumbre que generará para el 2018 (y para el Estado de México, en las elecciones del 2017) el precedente de la anulación de la alcaldía de Zacatecas a Morena. Esto por las dudas que surgen en torno a los llamados “actos anticipados de campaña”, algo que hacen todos los políticos. Pero la incertidumbre lo es también para la radio y la televisión. En Zacatecas 42 estaciones de radiodifusión deberán, ooootra vez, poner 48 minutos diarios, a disposición del INE, para la repetición de la elección.

Y aún peor, 104 estaciones de radio y 65 estaciones de TV –en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí deberán dejar de vender publicidad a cualquier autoridad pues esto “podría” incidir en la elección de Zacatecas. Un estado a cientos de kilómetros de distancia pero donde se llegan a escuchar las señales de estas estaciones de radio y de TV. Así que los más afectados de la decisión del Tribunal Electoral será buena parte de la radiodifusión del centro y norte del país.

Twitter: @JTejado

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