Monitor Nacional
Sospechas en la Red Compartida
Espectro | Javier Tejado Dondé
10 de mayo de 2016 - 7:41 am
SCT-MN
Delicado y sospechoso que la SCT haya quitado unilateralmente una cláusula que evitaba el uso de información confidencial en perjuicio del Estado y sobre todo de otros concursantes

La licitación de la Red Compartida ha estado desde su inicio rodeada de polémica. Primero, como la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) –por conducto de su entonces Presidente- maniobró en el Pacto por México para que su ex jefe, Juan Molinar, como representante del PAN, incluyera en la agenda de telecomunicaciones (2012-13) la creación de una entidad que se quedaría con el espectro más valioso para las telecomunicaciones. Luego, nos enteramos que la Cofetel comisionó un estudio a la consultoría Mckinsey para este tema y por el que se pagó la exorbitante cantidad de más de 100 millones de pesos, pero para hacer las cosas más turbias, el pago no salió de la Cofetel sino del Fondo de Cobertura Social.

Esta información fue un escándalo en la industria de las telecomunicaciones pues por un lado, sacaba del mercado el espectro más valioso y necesario para la telefonía móvil y por otro, se habían hecho pagos completamente injustificados para un estudio que permaneció secreto. El modelo de “Red Compartida” era un proyecto que sólo operaba en Ruanda, mientras que otros proyectos similares habían sido cancelados en Argentina y en Rusia por inviables. Pero aquí en México se ha decidido avanzar a pesar de grandes cuestionamientos.

Un primer foco rojo fue la forma en la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo del proyecto, presionó a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión para reducir dramáticamente los pagos (derechos) por el uso de este bien del dominio público. El descuento que se le otorgó para este 2016 a quien use estas bandas será del 89% respecto de los montos que estaban fijados para el año pasado.

Pero además de la “ganga” ahora surge información preocupante que pareciera apuntar a que se está dirigiendo la licitación de este proyecto para favorecer a ciertas personas. Y es que desde hace meses había una cláusula en las prebases de la licitación que descalificaba a cualquier empresa que quisiera participar en la licitación y que tuviera entre sus directivos o asesores a cualquier ex funcionario que hubiera participado en cualquier etapa del diseño del proyecto de Red Compartida:

“4.16.3 Si algún Concursante es asesorado durante cualquier etapa del Concurso, por las personas contratadas o que hubiere contratado la SCT o la Entidad Convocante o que de alguna manera hayan participado o asesorado, para la elaboración de las presentes Bases del Concurso, estructuración, análisis e implementación del Proyecto, incluyendo de manera enunciativa, mas no limitativa, asesoría a sus socios, empleados, funcionarios, asesores, subcontratistas, matrices, filiales o subsidiarias.”

Extraña que ahora, en la fase final de la licitación, esta cláusula haya desaparecido de todos los documentos oficiales. A tal grado han diluido lo que era un “candado” que ahora sólo aplica para los funcionarios que conocieron de estos temas en los últimos 12 meses, con lo que un puñado de ex funcionarios que tienen información privilegiada se pondrán a la venta al mejor postor. Incluidos todos aquellos que tienen el estudio por el que pagaron 100 millones de pesos y que nadie conoce.

Pero el tema no es meramente hipotético. La empresa Rivada Networks ya aseguró a medios -el pasado 20 de abril- que ganaría la licitación de la Red Compartida, cosa curiosa es que esta empresa presuma en su portal contar con uno de los ex funcionarios, Juan Ludlow –quien fuera Coordinador de Asesores del Presidente de la Cofetel- y estuvo involucrado en mandar a hacer y luego tuvo bajo su resguardo los millonarios estudios de esta Red.

Delicado y sospechoso que la SCT haya quitado unilateralmente una cláusula que evitaba el uso de información confidencial en perjuicio del Estado y sobre todo de otros concursantes. Para el cuidado que se debe de tener en cualquier licitación del gobierno, y más en una en la que se manejará el futuro de las telecomunicaciones nacionales, este cambio a las bases de licitación puede significar el triunfo o la derrota de los participantes, pero sobre todo acaba premiando a los ex funcionarios públicos que indebidamente extrajeron información y que desde hace años han construido un modelo de negocios que apunta a no servirle al Estado. Pero sí les servirá a ellos mismos. Toda una trampa.

El actual gobierno, y en particular la SCT, rodeados por todo tipo de denuncias de favoritismo que no están en condiciones de generar más sospecha. Y vaya que este tema lo hará. Seguramente la SCT podrá presentar todo tipo de argumentos legaloides para justificar su cambio en las bases de licitación, pero el punto fino es que una empresa se da el lujo de declararse ganadora, meses antes del concurso, y que en sus filas cuenta con ex servidores públicos que tienen información privilegiada y confidencial. Misma que no tienen otros participantes. De este tamaño parece ser la burla y la impunidad.

Ojalá la SCT corrija y cuide un procedimiento que merece tener todas las salvaguardas posibles.

Cambiando de tema…

El IFT hizo públicos ayer por la tarde los informes trimestrales sobre el cumplimiento que los preponderantes de telecomunicaciones y radiodifusión han dado a lo largo de dos años de las medidas asimétricas que les impusieron. Dice el IFT que tanto América Móvil, como Grupo Televisa, están cumpliendo con todo lo que se les ha ordenado. Estos informes seguramente serán revisados con cuidado pues, a pesar de ser extemporáneos, son elementos clave para saber cómo avanza la competencia. Contrario a lo que señala la Ley en la materia, éstos se hicieron sin experto independiente y sin mayores visitas de inspección. Valdría la pena preguntar cómo los hicieron.

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