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Telmex vs. Apple y Netflix

Telmex

La semana pasada, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (el “Sindicato de Telmex”), quien en sus propuestas tiende a coincidir con la directiva de la empresa, presentó su “Agenda Digital por México”. En ésta expresó su rechazo a la orden de separación funcional dada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o que la empresa tenga convergencia plena, aunque sin cumplir lo que ordena la ley en la materia.

En general, esta había sido la retórica del Sindicato todos los años, hasta que la semana pasada se fue con todo contra las grandes empresas tecnológicas mundiales, a efecto de que paguen impuestos en México. Más puntualmente, el Sindicato demandó que se cobren impuestos a las tecnológicas transnacionales como Apple, Amazon, Google, Netflix y Facebook que utilizan de manera gratuita la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones nacionales para operar en México, sin invertir nada a cambio. Y, ¿sabe qué? ¡Las huestes del Sindicato de Telmex tienen razón! No pagan ni ISR ni IVA, lo cual es escandaloso.

Gravar a las multimillonarias empresas estadounidenses no es una mera ocurrencia de Telmex o de su Sindicato. En marzo de este año, la Comisión Europea elaboró una propuesta de normas para la creación de un nuevo impuesto del orden de 3% de los ingresos de las compañías con ganancias digitales en ese continente. Se estima que la medida supondría ingresos por la cantidad de 5 mil millones de euros anuales para los países de la Unión Europea y, de acuerdo con el ministro de Economía de Francia, se estaría aprobando al cierre de este año.

Y es que estos gigantes tecnológicos no requieren realizar inversión alguna en infraestructura de telecomunicaciones en los países en los que prestan sus servicios, toda vez que se “montan” en la de los operadores de telecomunicaciones ―tanto del segmento fijo como del móvil― establecidos en cada uno de esos países, lo que les permite obtener impresionantes márgenes de utilidades.

En contraparte, la exponencial demanda de los servicios digitales ofrecidos por esas compañías tecnológicas obliga a los operadores de telecomunicaciones a desembolsar año tras año importantes cantidades de dinero en inversiones para incrementar las capacidades de sus redes. Además de ello, también tienen que enfrentar importantes cargas legales, regulatorias y fiscales, entre otras. El tema es de gran relevancia, pues según algunas estimaciones, para 2021, 82% del tráfico de los consumidores en internet será de video IP.

Un ejemplo claro en México es el caso de Netflix, el famoso proveedor de servicios de video por internet. La empresa, que tiene un valor de más de 160 mil millones de dólares, no invierte un solo peso en infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país, a pesar de que aquí cuenta con alrededor de 6 millones de suscriptores, gracias a que su servicio puede llegar a los hogares a través de las redes de Telmex, izzi, Megacable, Totalplay u otros operadores nacionales.

Algo similar sucede con Facebook, empresa con valor de más de 512 mil millones de dólares, que tampoco requiere invertir en infraestructura en nuestro país, dado que los 85 millones de usuarios mexicanos que interactúan en esa red social desde su teléfono celular, lo hacen gracias a las redes desplegadas en el territorio nacional por operadores móviles sujetos a la legislación mexicana, como Telcel, AT&T y Telefónica.

En concreto, de acuerdo con cifras del propio IFT, tan sólo en 2016, la inversión de los operadores de telecomunicaciones ascendió a 85 mil millones de pesos. A ello habría que sumarle los recursos que el Estado mexicano recibió por parte de los operadores por concepto de cargas fiscales, como el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, el IVA, el ISR y el IEPS. En contraparte, las gigantes tecnológicas no invierten en creación de infraestructura de telecomunicaciones, ni pagan impuestos, lo que no parece justo ni para operadores nacionales, ni para el gobierno.

Tan sólo los servicios de video por internet que prestan empresas extranjeras como Netflix, YouTube, Amazon o HBO Go acumularon el año pasado en nuestro país ingresos cercanos a 10 mil millones de pesos. No pagar impuestos (a diferencia de su competencia nacional) distorsiona el entorno competitivo del mercado de consumo de contenidos audiovisuales en México.

Ahora bien, en Estados Unidos se sabe que Netflix, además de pagar impuestos, también tiene acuerdos, desde 2014, con operadores como Comcast y Verizon para pagarles una especie de interconexión para tener acceso a sus redes de banda ancha. Estimaciones conservadoras indican que, de tener que pagar impuestos en México, Netflix aportaría al fisco entre mil 200 y mil 400 millones de pesos al año.

¿Qué pasa en otros países de América Latina? Para aliviar este desbalance ya se están implementado algunas medidas que permiten, al menos, que estas empresas dejen algunos recursos en los países en los que prestan sus servicios, avances importantes en los que México se ha quedado rezagado.

Un caso emblemático fue el de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que en 2014 aprobó un impuesto local de 3% de los ingresos relacionados con la contratación de servicios de suscripción online para acceder a películas y otros contenidos por internet, sobre el cual no se pagaban gravámenes fiscales por los proveedores del servicio al radicar fuera del país. Posteriormente, el Congreso aprobó una reforma para introducir a nivel federal el cobro del IVA a los operadores que proveen servicios a través de internet desde el extranjero, que entró en vigor a finales de junio pasado.

Otro referente es Colombia, dado que en 2016 promulgó una reforma que también incorpora el pago del IVA de los servicios digitales prestados por personas o entidades sin residencia o domicilio en el país. La reforma englobó también como servicios electrónicos las plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles y el suministro de servicios de publicidad online.

Países de la región como Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay se encuentran avanzando de manera decidida y acelerada en una dirección similar. Se estima que todos estos gobiernos ajusten su marco legal en este mismo año, a efecto de que las grandes empresas transnacionales empiecen a pagar impuestos en relación con los ingresos que obtienen por la prestación de sus servicios digitales.

Queda claro que alrededor del mundo se están adoptando las medidas legales y regulatorias pertinentes para lograr que las gigantes tecnológicas finalmente inyecten recursos en los países que les han permitido obtener, sin restricción o carga alguna, ganancias multimillonarias desde hace ya varios años.

Bajo ese contexto, valdría la pena que el próximo gobierno federal analice la posibilidad de que las gigantes tecnológicas extranjeras empiecen a aportar recursos también en nuestro país, tanto para el despliegue de infraestructura como en pago de impuestos. Sin duda, ello podría contribuir de manera importante a que Andrés Manuel López Obrador lleve a buen puerto algo que apuntó como uno de sus programas prioritarios: la ampliación de la cobertura de internet a todo el país.