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TEPJF pone a “El Bronco” en la boleta: El fin justifica los medios

En la madrugada del día martes 10 de abril de 2018, se tomó una decisión que se suma a la lista interminable de hechos cuestionables de las instituciones mexicanas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó darle una candidatura presidencial independiente a Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, luego de una votación en la cual cuatro de siete magistrados estuvieron a favor de incluirlo en la lista de candidatos presidenciales.

La sentencia del Tribunal está respaldada por el argumento de que al candidato no se le respetó el derecho de audiencia, refiriéndose a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no le permitió la revisión de firmas que la institución electoral calificó como inválidas. Como consecuencia, “El Bronco” quedó a tan solo 16 mil 656 firmas de alcanzar el umbral, establecido anteriormente en 866 mil 593 apoyos de la ciudadanía. Los cuatro magistrados que votaron a favor -Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante González, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez- suponen que de haberse respetado su derecho de audiencia y llevar a cabo la revisión de los apoyos, entre las 810,995 firmas no validadas por el INE se hubiera conseguido el número requerido para la candidatura.

No obstante, lo que el TEPJF ha hecho con esta decisión ha sido ignorar el gran número de anomalías cometidas por Jaime Rodríguez durante la recolección de firmas. El Consejero Electoral del INE, Ciro Murayama, explicó puntualmente lo ocurrido con los apoyos ciudadanos que envió el gobernador de Nuevo León durante el periodo de recolección entre octubre y febrero.

El total de firmas que Jaime Rodríguez Calderón envió al INE fueron 2 millones 034 mil 403, superando el umbral por un millón 167 mil 810 firmas. Sin embargo, de ese primera cantidad fueron coincidentes con la lista nominal un millón 223 mil 408 firmas, descartando las más de 810 mil que se le reclama a la institución no haber revisado después de invalidarlas. Pero estos apoyos fueron descartados por diversas razones que Murayama explicó, con la cantidad exacta: “266 mil 357 duplicados, 11 mil 748 en padrón pero no en lista nominal, 15 mil 938 bajas del listado (que incluye a 7,044 personas que habían fallecido y a 7,078 cuya credencial ya no estaba vigente porque tenía más de diez años de antigüedad), 6 mil 630 no encontrados en el listado nominal o padrón, mil 869 fuera del régimen de excepción (o sea que no vivían en los municipios de alta marginación para entregar su apoyo en papel) y más de medio millón (508,453) de inconsistencias, esto es: fotocopias, simulaciones o credenciales diferentes a las de elector detectadas desde el principio en la llamada mesa de control.”

De esta forma, quedaron el millón 223 mil 408 de firmas restantes, pero tras ser sometido a una revisión censal se descontaron otros 387 mil 897 apoyos por nuevas irregularidades: 158 mil 532 simulaciones de credencial, 205 mil 721 fotocopias y 23 mil 644 firmas en documentos no válidos. A Jaime Rodríguez se le dio derecho de audiencia por cinco días y se revisó el 100% de estos apoyos, sumándole 14 mil 426 que se dieron por buenos luego de la revisión. De esta forma, “El Bronco” terminó con una cantidad oficial de 849 mil 937 apoyos, es decir, el 98.08% de lo que se le pedía para su candidatura.

Fueron 16 mil firmas lo que lo separaban del umbral, que se pudieron haber obtenido de las 810 mil que señalaron los magistrados del TEPJF. No obstante, es aquí donde la decisión del Tribunal afecta su propia credibilidad, pues recordemos que de dentro de esos apoyos que el INE no revisó se encuentran personas fallecidas, nombres no registrados en el padrón y personas duplicadas. Resulta ridículo pensar de que de esa cantidad podían salir las 16 mil 656 firmas validas para llevar a “El Bronco” a su candidatura independiente, y aún así ese fue el argumento de los magistrados. Esto se suma al hecho de que Rodríguez Calderón sí tuvo derecho de audiencia, pues está documentado por el INE que hubo revisión de firmas por el equipo del gobernador a lo largo de dos etapas diferentes: fueron 12 ocasiones entre el 15 de diciembre y el 28 de febrero y una más tarde en marzo, donde se le otorgaron cinco días para revisar firmas.

Viendo con detalle los hechos detrás de la sentencia del TEPJF, se despierta una indignación por parte de los ciudadanos, pues con aprobar su candidatura lo que transmite la institución es que “el fin justifica los medios”. A pesar de que estuvo a 16 mil de llegar al umbral, se está ignorando el 58% de apoyos inválidos que presentó en total durante la recolección de firmas. Es un fuerte contraste con la aspirante a la presidencia María de Jesús Patricio Martínez, quien a pesar de no haber llegado a la meta, presentó el 94.5% de firmas válidas. Se despertó entonces, en la ola de repudio en redes sociales hacia “El Bronco” y la decisión del TEPJF, una demanda de incluir a la candidata indígena en la boleta con el hashtag #MarichuyALaBoleta.

El aspirante a senador independiente, Pedro Kumamoto, se unió a las voces opinando sobre este tema, lanzando una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para evitar otros casos como el de “El Bronco” en el futuro. Esta reforma cuenta con tres modificaciones, según el documento de la iniciativa: Que se les niegue el registro a los aspirantes sin partido que no tengan el 85% o más de firmas válidas (es decir que no más del 15% de sus firmas podrán ser invalidados), que solo el Instituto Nacional Electoral validará los apoyos cuando cumplan con los requisitos para que no exista duda de su veracidad y por último que de tener más del 15% de firmas invalidadas “el INE deberá garantizar el derecho de audiencia del aspirante, con la finalidad de determinar si lo que se buscaba era engañar a la autoridad o si se tratara de conductas no punible”.

La sentencia del TEPJF es inapelable, y el Consejo General del INE tiene la obligación de acatarlas, aunque ahora con la denuncia que hizo la institución electoral a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) puede que pierda su lugar en la boleta, de encontrarse que cometió algún ilícito. Sin embargo, por el momento es una realidad, y hay que tener en cuenta que esta no es forma de llegar a la presidencia ni a ningún otro cargo público, a través de fraudes y tranzas. Lo que se debe tener en consideración -y que incluye también a la otra candidata independiente aprobada, Margarita Zavala- es que si presentaron irregularidades en su proceso para llegar hasta aquí y no se molestaron en seguir las reglas, de ser electos su forma de gobernar no será diferente. Todo vale a la hora de elegir un candidato, hasta “los detalles” que las instituciones deciden ignorar. La ciudadanía deberá estar consciente de quienes son las personas que tienen como candidatos, porque uno de ellos se convertirá en funcionario público después de las elecciones del 1 de julio.