Ciudad de México.- En medio de manifestaciones en todo el país, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución local que penaliza el aborto.
Con 30 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el pleno aprobó el dictamen por el cual se podrá encarcelar hasta por un año a la mujeres que aborten.
«Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 1 para quedar como sigue:… El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal»
Con 30 votos a favor (se necesitaban 28) y en el marco del día Internacional de la Mujer, el Congreso de Nuevo León, niega el derecho a las mujeres aborto y el derecho de las personas a una muerte asistida.
¿Como hubieran votado ustedes? pic.twitter.com/ZfObcOe66V— Eladio Crespo (@EladioCrespo) March 6, 2019
Colectivos feministas y de derechos humanos califican la acción como un completo retroceso.
Las mujeres con dinero podrán cruzarse a EUA o volar a la Ciudad de México para abortar, las pobres serán criminalizadas y pondrán en riesgo su vida. Abortos hay con o sin ley. #DerechoADecidirNL pic.twitter.com/yApsfIJFIN
— Eréndira Derbez (@erederbez) March 6, 2019
La prohibición del aborto y por ende la transgresión a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no evita que las mujeres intenten abortar. Simplemente las ricas abortan en otro estado o país, mientras que las pobres mueren. #DerechoADecidirNL
— María (@maria_santos94) March 5, 2019
Ayer la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, aceptó esta iniciativa, la cual fue propuesta en mayo de 2014 por el diputado panista, Francisco Treviño, sin embargo, permaneció congelada hasta ahora.
La Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) hizo un llamado a los delegados pues considera se trata de un dictamen que “no es compatible con los parámetros de derechos humanos a los que se ha comprometido observar el Estado mexicano”.
Además señaló que: “La aprobación de este dictamen representaría limitar, entre otros, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a las que se excluiría de tener la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos susceptibles de tener efectos anti-implantatorios, poniéndolas en riesgo de ser sancionadas penalmente por su uso; asimismo, colocaría a las mujeres solo como un medio o lugar para lograr el desarrollo del embrión, siendo accesorias al producto que se gesta en su cuerpo, restringiendo el ejercicio de sus derechos”.
