Aborto legal para no morir

El abortro en América Latina es considerado un crimen de manera legislativa en la mayoría de los países. Los abortos aumentan pero las políticas no cambian.

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En América Latina, la mayoría de los países el aborto es considerado un crimen de manera legislativa. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 95% de los abortos llevados a cabo en América Latina son considerados riesgosos. En la región, 32% de los embarazos terminan en abortos, y entre 2010 y 2014 se practicaron alrededor de 6.5 millones de abortos por año. En comparación con las cantidades y porcentajes de hace 20 años, la cantidad de abortos que se practican han aumentado considerablemente.

Resulta contradictorio que la legislación de los países que componen al subcontinente no se haya modificado a la par de las necesidades generadas por los riesgos que implican los abortos clanedistinos. Es decir, se pone en riesgo la vida de las mujeres latinoamericanas. A excepción de Cuba, Guyana, Guayana Francesa, Ciudad de México y Uruguay, los países de la región prohíben el aborto de forma absoluta, o lo prohíben con excepciones de algunas circunstancias que son consideradas como situaciones “aceptables” para practicar el aborto. En seis países está completamente prohibido en cualquier circunstancia: República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.

La legalización del aborto implica intrínsecamente grandes beneficios para la salud de las mujeres, pues al volverlo un proceso legal, y no clandestino, deja de ser una práctica tan riesgosa como lo es hoy en día para las mujeres de la región. A pesar de tratarse de un procedimiento que atenta contra la vida de las mujeres sigue siendo una mejor opción para algunas que tener un hijo no deseado, que en muchos casos no tienen siquiera los recursos para mantener o para incluso darlos a luz. Un ejemplo claro de esto es el caso de Uruguay, que es considerado por el International Journal of Gynecology and Obstetrics el segundo país con menor mortalidad materna en toda América, después de Canadá.

Es importante que el tema del aborto no se aborde unicamente con una perspectiva moral, no es solamente un problema sobre si está bien abortar o no, de si se debe de considerar al feto como una persona o no, se trata de proporcionar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos, otorgarles una plena ciudadanía y asegurar realmente que vivan en pleno Estado de Derecho. Aunado a lo anterior, hablar del aborto y su legalización también implica la creación e implementación de políticas públicas en temas de salud sexual y acceso a anticonceptivos eficientes, para evitar embarazos no deseados y asegurar que el aborto sea una última opción para las mujeres, pero que sea una opción legal, higiénica y segura. El aborto es un tema de salud pública, de derechos humanos, un tema de clase e interseccionalidad.

En el caso de México, en el que solamente es completamente legal abortar hasta las 12 semanas en la Ciudad de México, se habla sobre mexicanas de primera y mexicanas de segunda, pues a pesar de que cualquier mujer del país tiene derecho a abortar en la capital, solamente las que tienen los recursos necesarios para viajar a la CDMX pueden llevar a cabo el procedimiento, a pesar de que vivan en otros estados de la república. Es inadmisible que sólo una pequeña proporción de las mujeres mexicanas tengan la capacidad de ejercer su derecho a decidir. Todas las mujeres, sin importar nuestra procedencia, debemos de contar con el derecho a decidir, a no ser orilladas a buscar alternativas clandestinas que ponen nuestra vida en peligro. Nuestro cuerpo no debería de ser un espacio de lucha ideológica, sino un espacio de decisión de vida.