DACA: Proteger a los Dreamers

En septiembre de 2017, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración identificó a 689,800 beneficiarios activos bajo el mecanismo impuesto por el antiguo presidente Barack Obama.

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Daniela Guerrero

De acuerdo con cifras del Pew Research Center, aproximadamente 800,000 jóvenes migrantes han recibido permisos de trabajo y protecciones contra deportación mediante la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA por sus siglas en inglés, desde su inicio en 2012.  

En septiembre de 2017, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración identificó a 689,800 beneficiarios activos bajo el mecanismo impuesto por el antiguo presidente Barack Obama.  

Nueve de cada diez jóvenes receptores nacieron en naciones de América Latina, con México como el principal país de origen (548,000), seguido por El Salvador (25,900), Guatemala (17,700) y Honduras (16,100). Un numero significativo de beneficiarios también provienen de Perú, Corea del Sur, Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina.

La edad promedio de los jóvenes amparados por DACA es de 24 años, y la mayoría se concentra en California, Texas, Illinois, Nueva York, Florida y Arizona. Los destinatarios de DACA no solamente debían cumplir con una serie de criterios estrictos, sino que también debían pasar una extensa verificación de antecedentes y renovar su solicitud cada dos años para permanecer en el programa.

El propósito central de DACA consistía en proteger a migrantes respetuosos de la ley, traídos a Estados Unidos como niños.

La magnitud de la acción tomada por Obama no pasó desapercibida en 2012, con defensores y detractores manifestándose por igual. Sin embargo, DACA se convirtió en un tema realmente divisivo cuando el presidente Donald Trump ordenó el fin del programa en 2017, respaldado por el partido republicano y sectores conservadores. El argumento principal para rescindir el mandato de Obama recayó en planteamientos de DACA como recompensa por violar la ley, incentivo a la migración ilegal y carga para la bolsa de trabajo norteamericana.

El martes 12 de noviembre, tras la audiencia en la Suprema Corte norteamericana sobre DACA, la mayoría conservadora de jueces señaló que puede permitir el cierre del programa.

En un artículo para La Jornada, la embajadora de México en EEUU Martha Bárcena destiló sagazmente tres hechos fundamentales sobre los beneficiarios de DACA. Resulta necesario considerar hasta que grado se han distorsionado las realidades del programa en un contexto migratorio altamente politizado y peligrosamente simplificado.

  • Los jóvenes amparados por DACA no representan una nueva ola de migración. En promedio, los beneficiarios llegaron a EEUU a los siete años y han residido en este país durante 22 años.  Para estos individuos, DACA facilitó oportunidades de educación superior, programas de capacitación laboral y trabajos mejor remunerados. Sin embargo, su propósito jamás fue incentivar la migración, sino mitigar realidades históricas y proteger a la mayor cantidad de individuos posible.
  • El programa ha generado ganancias sustanciales para la sociedad estadunidense en general. DACA brindó a sus favorecidos la oportunidad de integrarse plenamente en el tejido social del país en el que crecieron para contribuir en distintas comunidades. Según el Center for American Progress, beneficiarios de DACA pagan $5.7 mil millones en impuestos federales y $3.1 mil millones en gravámenes estatales cada año. Cerca del 97% se encuentran empleados o inscritos en programas de educación media superior y superior.
  • La rescisión del DACA no sólo tendría un impacto devastador para sus jóvenes beneficiarios, sino que también tendría consecuencias negativas en la economía norteamericana. De acuerdo con el CAP, la eliminación de DACA costaría a la economía estadunidense $60.3 mil millones durante la próxima década. Aproximadamente 685,000 trabajadores serían retirados de la economía formal con un costo de más de $3.4 mil millones. Alrededor de 328,000 familias que viven en EEUU perderían su capacidad de sostenerse económicamente.

Mientras promotores de ideologías nativistas sobre migración — particularmente proveniente de países Latinoamericanos — resaltan la ilegalidad inherente del programa y abstraen el perfil de los Dreamers, defensores se refugian en un argumento que parece simple, pero abarca la profundidad del conflicto: DACA lo es todo.

Los flujos migratorios de países como México a EEUU representan una realidad compleja, paradójica y multilateral. El planteamiento miope sobre un grupo de “ilegales” que abusa y manipula al sistema norteamericano oculta el verdadero contexto en el cual DACA fue creado. Las particularidades del programa importan — quienes son elegibles, las obligaciones que acompañan a los derechos otorgados, y las maneras concretas en las que estos beneficios han sido aprovechados por sus receptores para estudiar, trabajar, contribuir y prosperar.

DACA no representa una solución permanente para un problema que sobrepasa a actores individuales, pero para cientos de miles de jóvenes, lo es todo. Representa la oportunidad de continuar desarrollándose en el único que país que desde temprana edad, ha servido como su hogar.

Es difícil negar que el fin del programa representa una apertura política para aquellos que han repetido retóricas y abstracciones sobre la migración que no corresponden con la realidad durante años. Sin embargo, por el bien de los principios de justicia y equidad que han distinguido al excepcionalismo norteamericano en la protección de garantías individuales, es crucial que las particularidades de DACA imperen sobre generalizaciones nocivas.

Ante cuestionamientos sobre la legalidad inicial del mandato de Obama y el enfrentamiento político del cual DACA ahora forma parte, es importante recordar que su liquidación representaría una acción legal, política y moral. Esconderse detrás de argumentos técnicos sobre la ilegalidad de un programa excepcional resulta tan carente como utilizar a DACA como carnada política para proyectar dureza ante la migración.

Es difícil ignorar las implicaciones éticas de rescindir un programa que asegura la protección y supervivencia de individuos altamente vulnerables que han expresado de forma explícita y contundente su voluntad de permanecer y aportar al único hogar que han tenido.