Guía de Impeachment

En medio de una de las coyunturas nacionales más complejas en los últimos años, Washington, D.C. se enaltece como la sede del escándalo político.

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Por Daniela Guerrero

En medio de una de las coyunturas nacionales más complejas en los últimos años, Washington, D.C. se enaltece como la sede del escándalo político. El pasado 24 de septiembre, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el comienzo de una investigación oficial de destitución contra Trump.

El excedente de actualizaciones, opiniones, y señalamientos han generado niveles altos de confusión y distorsión en EEUU y el resto del mundo sobre qué ocasionó la investigación, en que consiste el proceso de impeachment, y que consecuencias tendrá para el mandatario.   

El primer paso para producir reflexiones sustanciales sobre el conflicto que desató la denuncia de un informante anónimo entre las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno norteamericano consiste en informarse.

Ante flujos inmanejables de condenas y defensas, resulta crucial desenterrar información concreta sobre los eventos transcurridos desde el 18 de septiembre, cuando el Washington Post reportó por primera vez sobre presuntos nexos entre la denuncia anónima y una llamada realizada el 25 de julio entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.

¿Quién es el informante y en qué consistió su denuncia?

A pesar de que su identidad permanece anónima, el informante ha sido identificado como un miembro de la comunidad de inteligencia norteamericana. El jueves 26 de septiembre, el New York Times reportó que el informante es un oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que trabajó en la Casa Blanca previamente. 

Inicialmente presentado el 12 de agosto, el reporte del denunciante anónimo no se publicó hasta el jueves 26 de septiembre. El documento de nueve páginas, dos de las cuales aún son confidenciales, se encuentra dirigido a los directores de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado, y expresa una “preocupación urgente” sobre actos cometidos por el presidente Trump y oficiales de la Casa Blanca.

En su reporte, el informante afirma que durante la llamada realizada el 25 de julio, Trump incitó a Zelensky a investigar a su rival político demócrata Joe Biden y su hijo Hunter Biden.

En 2014, Hunter Biden se unió al directorio de Burisma Holdings, una compañía ucraniana de gas natural. Durante su mandato, el fiscal ucraniano Viktor Shokin investigó la empresa.

En 2016, el antiguo vicepresidente Biden amenazó con retener $ 1 mil millones en garantías de préstamos estadounidenses a menos que Ucrania redujera sus índices de corrupción gubernamental. Parte de esa demanda exigía el despido de Shokin por el encubrimiento de actos ilícitos en su oficina.

A pesar de las acusaciones de Trump, no hay evidencia de ningún tipo sobre delitos cometidos por el candidato y su hijo. 

El documento declara no solo que Trump abusó de su oficina para beneficio personal y puso en peligro la seguridad nacional, sino también que funcionarios no identificados de la Casa Blanca trataron de bloquear los registros relacionados con el asunto.

El miércoles 25 de septiembre, La Casa Blanca publicó una transcripción aproximada de la llamada en cuestión, mediante la cual se confirmó la veracidad del evento referido por el informante.

En un intento por desacreditar a la fuente anónima, el mandatario acusado llamó al informante un “espía” que debería ser juzgado por “traición.”

Los abogados del informante, así como varios funcionarios, han enfatizado que la Ley de Protección de Denunciantes de la Comunidad de Inteligencia de 1998 permite denunciar irregularidades mediante un proceso específico. A cambio, los denunciantes son protegidos de represalias por el Congreso.

Este lunes, el inspector general de la Comunidad de Inteligencia Michael K. Atkinson declaró que el informante siguió los protocolos de manera apropiada y califica para dichas protecciones.

¿Qué distingue a estas acusaciones contra Trump?

El reporte anónimo detalla una serie de acciones, reuniones, y conversaciones durante los últimos meses en las cuales el presidente Trump y su abogado Rudolph W. Giuliani presionaron al gobierno ucraniano para investigar a Biden.

«El abogado personal del presidente, Rudolph W. Giuliani, es una figura central en este esfuerzo», escribió el denunciante. «El Fiscal General [William P.] Barr parece estar involucrado también», afirmó la queja.

La llamada telefónica en la que Trump alentó a Zelensky a reunirse con Giuliani y Barr fue escuchada por una docena de funcionarios de la Casa Blanca, y al menos un funcionario del Departamento de Estado.

La transcripción del intercambio se almacenó en un sistema informático privado, reservado para reportes confidenciales de inteligencia.

«El presidente de los Estados Unidos puede haber usado su posición para presionar a un país extranjero para que investigue a un oponente político, y trató de usar el dinero de los contribuyentes estadounidenses como palanca», escribieron siete legisladores demócratas en una columna del Washington Post.

¿Quién puede acusar y destituir al presidente?

El Congreso norteamericano posee la facultad de destituir a un mandatario. Bajo el marco de la Constitución, la Cámara de Representantes puede votar para acusar a un presidente por delitos y faltas.

Sin embargo, acusar a Trump no es lo mismo que destituirlo. Para remover a un presidente de sus funciones, el Senado debe llevar a cabo un juicio presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

En un fallo de un caso de 1991, un tribunal citó a Alexander Hamilton en el Federalista No. 81 explicando que la facultad legislativa por juicio político es un importante «control constitucional» en el poder judicial.

Esta es la cuarta vez que el Congreso ha abordado este tipo de investigación sobre un presidente. Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998) fueron destituidos sin ser removidos por el Senado. Richard Nixon (1974) renunció antes del voto formal.

Liderados por el Representante Adam B. Schiff de California como jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, los legisladores demócratas buscan concluir su investigación antes de la temporada de vacaciones. Sin embargo, la rapidez del proceso dependerá de múltiples factores, entre ellos la cooperación de testigos y la evidencia reunida.

¿Cómo separar cuestiones legales y políticas?

A pesar de tratarse de uno de los fenómenos más vastos y fascinantes que han consumido a la sociedad norteamericana durante este siglo, la sustancia del enfrentamiento se disuelve en un caótico paisaje político y mediático.

La combinación de elementos legales y respuestas políticas hace muy difícil distinguir que esta sucediendo y por qué.

Durante los últimos días, Trump y su base republicana han calificado la investigación de destitución como un esfuerzo demócrata por “robarse” la elección presidencial de 2020. Partidarios del presidente han exigido que se investigue a los Biden inmediatamente, puesto que son criminales impunes.

Nadie ha guardado silencio. Trump calificó a Schiff de “traidor” y autor de un “golpe de estado que podría provocar una nueva guerra civil.” Las teorías de conspiración de los sectores más conservadores consideran a las agencias de inteligencia, el Congreso, y los medios de comunicación como agentes corruptos que buscan remover a Trump mediante trucos y mentiras.

Por su parte, legisladores demócratas, funcionarios públicos, y lideres de opinión acusan a Trump de erosionar el sistema democrático estadounidense y deshonrar a la oficina de la presidencia. Mediante lenguaje contundente, la mayoría de los críticos de Trump han juzgado su carácter moral, asumiendo su culpabilidad y reprochando su cinismo.

En contraste al tono penitente de presidentes que enfrentaron la amenaza de destitución, Trump exhibe una irreverencia sin precedente, atribuida por algunos al carácter político de la investigación en su contra, y por otros, a un esfuerzo de encubrimiento sin escrúpulos.

“Lamento profundamente cualquier lesión que se haya cometido,” dijo Nixon en su renuncia en 1974. “Si algunos de mis juicios estaban equivocados, y si fueron equivocados, se realizaron bajo lo que creía que era el mejor interés de la nación en ese momento.”

El día de ayer Trump twitteó, “Como presidente de los Estados Unidos, tengo el derecho absoluto, tal vez incluso el deber, de investigar, o haber investigado, la CORRUPCIÓN, ¡y eso incluiría pedir o sugerir a otros países que nos ayuden!”

A pesar de que a la investigación de destitución aun le falta un largo camino por recorrer, la polarización política y las erosiones sociales amenazan con distraer al público de consideraciones legales, invariablemente menos entretenidas.